Víctor Ferrigno F.
A Erika Aifán, jueza proba, mujer valiente y ciudadana ejemplar.
Muchos hechos y múltiples voces acusaban a Consuelo Porras por la presunta comisión de actos reñidos con la ley, pero el lunes pasado fue el Gobierno de EE.UU. quien la sindicó de corrupta y enemiga de la democracia; no hubieran hecho tan contundente acusación si sus servicios de inteligencia no tuvieran las pruebas. Esta sindicación, sumada a la cooptación de las Altas Cortes por la alianza criminal, derrumba la credibilidad en el aparato de administración de Justicia, y nos deja sumidos en un Estado de hecho, donde las controversias entre ciudadanos tenderán a ser resueltas de manera violenta.
Paralelamente, en el marco de la peor pandemia de la humanidad, renunció la Ministra de Salud y dos de sus viceministros, derrumbándose lo poco que quedaba del mando de un fallido ejército de salubristas, que batalla heroicamente contra el Covid, sin insumos ni dirección certera. Como Pilatos, Giammattei se lava las manos, no asume su responsabilidad sobre las corruptelas y los muertos injustificados, mientras nos inoculan con inyecciones donadas por la solidaridad internacional, miles de las cuales están por vencer, pues el ritmo de vacunación es lento, ineficiente y discriminador, pues a las zonas indígenas no llegan.
No es exagerado, pues, sostener que estamos sin justicia ni salud, y si a estas carencias inmediatas le sumamos las estructurales, como la pobreza, el hambre, la desnutrición y la discriminación, cabe preguntarse ¿tiene viabilidad este país? Yo pienso que sí, pero depende de su refundación.
Muchos, en las calles, se preguntan ¿dónde está el dinero? ¿dónde las vacunas? Pero todos deberíamos preguntarnos ¿dónde está la ciudadanía insurrecta que ejerza su poder soberano y su libre determinación, arrasando con el pacto de corruptos, e instaurando un régimen plurinacional, con justicia, desarrollo y paz?
Recuerdo que, en 2015, Estuardo Galdámez, el exdiputado-kaibil procesado por el caso Asalto al Ministerio de Salud, declaraba que quienes nos congregábamos en la Plaza éramos cuatro gatos, hasta que despertó el tigre y defenestramos a Roxana Baldetti y al general genocida Otto Pérez Molina.
En El Salvador, cuestionado internacionalmente por promover su reelección, Nayib Buckele cuenta con la aprobación del 87% de los ciudadanos (CID-Gallup), en gran medida por el buen manejo de la pandemia. En Guatemala, en cambio, estamos a punto de ver muertos en las calles, por el desgobierno de un médico incapaz.
A casi todos nos ha tocado el dolor de enterrar a nuestros muertos por la pandemia, pero lo que más duele es saber que más de la mitad fallecieron por la incapacidad, la impericia y la terrible corrupción del gobierno. Tarde o temprano, el pacto de corruptos será derrotado y, sobre todo, los empresarios venales que lo financian, tendrán que responder por estos crímenes de lesa humanidad,
y por las condecoraciones impuestas a la Fiscal corrupta. Puede que tarde, pero habremos de lograr justicia –no venganza- como lo hicimos con los militares genocidas.
Es de lamentar que el sistema de justicia se haya derrumbado, reculando los avances logrados desde la firma de la paz, pues la ciudadanía ha tocado fondo y habrá de levantarse contra el pacto de corruptos y, al no conseguir Justicia, habrá de recurrir a la lucha de calle, a la insurrección popular, con su cauda de muertos y los ríos de migrantes hacia el norte.
Tenemos tres opciones: morir por Covid o hambre, arriesgarnos en la lucha, y sobrevivir como ciudadanos libres, lamiéndonos las heridas, pero victoriosos e indómitos.
