El pueblo de Guatemala pudo ver en forma clara cómo opera el Congreso y la forma en que desde la mesa directiva se utilizan los teléfonos para ir comprando votos, una práctica antigua que, sin embargo, no había sido tan plenamente documentada como ocurrió el pasado lunes cuando Allan Rodríguez y varios diputados negociaban los votos que iban subiendo cada vez que Rodríguez colgaba una llamada tras haber cerrado un asqueroso pacto, mismo que no pagará él sino que será cubierto con los fondos públicos del Presupuesto General de la Nación que históricamente se distribuyen los diputados como parte de sus ingresos normales.
En cualquier país del mundo con un sistema de justicia independiente, lo ocurrido sería suficiente para emprender una profunda investigación y sancionar penalmente, con todo el peso de la ley, a los sinvergüenzas que participaron de la negociación. Al haber hecho uso de celulares es fácil mediante una orden judicial establecer quiénes eran los participantes del obvio soborno para acumular votos a favor del Estado de Calamidad que, básicamente, pretendía una carta blanca para la realización de compras.
Pero Guatemala no es cualquier país del mundo y aquí la posibilidad de una investigación es literalmente inexistente porque ya sabemos cómo funciona el país. Es cierto que la pérdida de la mayoría en el Congreso es un problema para Giammattei, pero aún dispone de la lealtad del Ministerio Público, de los Tribunales de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, así como de un Tribunal Supremo Electoral impuesto para impedir la sanción a los partidos señalados por el financiamiento ilícito de campañas. Les queda, además, el as bajo la manga de la negociación del presupuesto para el año entrante en donde pueden asignar literalmente millones para recobrar la mayoría que ahora parece perdida en el Congreso pero que, a lo sumo, se ha vuelto más cara pero no imposible de retomar.
Si en el 2015 nos abrieron los ojos con el caso La Línea y entendimos hasta dónde nos había llevado la corrupción, el pasado lunes nos abrieron los ojos para entender lo que significó el triunfo del pacto de rateros que estructuraron en tiempo de Jimmy Morales pero que se ha cimentado con el control del MP y de la Corte de Constitucionalidad. Los guatemaltecos fueron expuestos a su dramática realidad, la de ser gobernados por sinvergüenzas de colección que proceden con todo descaro confiados en que el pueblo no tendrá nunca un aire con remolino para pasarles la factura que les corresponde por agravar la mayor crisis sanitaria de la historia.
