Jonathan Menkos Zeissig
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Los indicadores macroeconómicos de Guatemala van muy bien. Las estimaciones más recientes del Banco de Guatemala revelan que la economía crecerá entre un 4 y un 6 por ciento en 2021 y, en 2022, entre 3.5 y 5.5 por ciento. Todos los sectores económicos retornarán por sendas de crecimiento y recuperación tras los golpes recibidos por las crisis enfrentadas en 2020. Las exportaciones crecerán en 12 por ciento en 2021, y las remesas familiares, principal oxígeno para el estilo de crecimiento económico actual podrían crecer hasta 22.5 por ciento, si bien al mes de agosto se registra un aumento de 39.5 por ciento con respecto a agosto de 2020.
La inflación también está controlada: cerrará el año en 4.5 por ciento, dentro del rango esperado. El crédito bancario al sector privado se está recuperando, incluso la variación interanual podría sobrepasar el promedio de los últimos diez años. Los ingresos tributarios van viento en popa. Tras tres años de tener la misma meta de recaudación, de Q63,468.9 millones, en 2021 los ingresos podrían superar los Q70,468.5 millones; y para 2022 llegarán a Q74,052.6 millones.
Sí, los grandes números de la macroeconomía son muy halagüeños. Sin embargo, lo bien que están las cosas allá arriba, demuestra que una buena macroeconomía -las magnitudes económicas globales- es necesaria pero no suficiente para lograr mantener y ampliar el bienestar social y promover el desarrollo.
Al poner los pies sobre la tierra encontramos que quienes ostentan el poder público están haciendo poco o nada para evitar la pobreza de los 8.4 millones de guatemaltecos que hoy sobreviven en estas circunstancias. No está demás decir que solo en 2020 se sumaron 750,000 personas a este amplio grupo de población. Las estadísticas actuales en materia sanitaria nos revelan que, de toda Centroamérica, Guatemala es el país que más lento avanza en el proceso de vacunación. Hasta esta semana superó a Nicaragua, en donde la dictadura Ortega-Murillo no ha aceptado la existencia del Covid-19. Para colmo de males, las proyecciones de la pandemia advierten que los casos irán en aumento previendo en los próximos meses la muerte diaria de entre 200 y 400 guatemaltecos.
El promedio de salario que reporta el ochenta por ciento de los trabajadores del país, oscila entre los Q407.0 y los Q2,857.0 mensuales, quedándoles muy lejos la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. Por esto, no es de extrañar que en el país el 46.5 por ciento de los niños y niñas menores de cinco años padezcan desnutrición; mientras 1.9 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 18 años estén fuera de la escuela y cerca de 900 mil niños, niñas y adolescentes estén insertados informalmente en la vida laboral. Y, estos son datos previos al 2020.
Si todo el mundo tuviera una alfombra voladora, repleta de billetes, desde allá arriba, la macroeconomía le será suficiente para percibir que todo va muy bien. Quizá el presidente, algunos de sus ministros y aliados (empresarios y congresistas) tengan alfombras similares desde donde observan lo bien que llevan a Guatemala.
Sin embargo, para que una nación sea viable, en términos democráticos y de desarrollo, necesita en su presupuesto público dar vida a las políticas y acciones que, sin corrupción, con sentido de justicia y basado en resultados medibles, aprovechen los buenos números globales para convertirlos en alimentos en la mesa de cada hogar, en salud y educación universal y en inversiones para hacer crecer sostenida y sosteniblemente la economía y el bienestar. Pronto sabremos qué ha puesto el gobierno en el proyecto de presupuesto para 2022, porque en el de 2021, le quedó debiendo mucho a la sociedad.
