Víctor Ferrigno F.
El pasado lunes por la noche, entre gritos, acusaciones y maniobras fallidas, el Congreso de la República improbó el Estado de Calamidad que el presidente Giammattei trató de imponer a toda costa, mediante una maniobra en la que estuvieron involucradas las máximas autoridades de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mediante las resoluciones aberrantes de la Corte de Constitucionalidad.
Con este fracaso político se fracturó el muro de la impunidad, que ha permitido al pacto de corruptos cooptar al Estado y saquear el erario público, en el marco de una crisis sanitaria que cada día cobra más vidas y agudiza la debacle político-institucional del país.
A esta alianza criminal aún le quedan muchos recursos para mantener su funcionamiento, pero se ha iniciado su declive, mientras la ciudadanía, encabezada por los Pueblos indígenas, demanda en plazas y carreteras la renuncia de Alejandro Giammattei y de Consuelo Porras, la funcionaria más odiada en Guatemala. ¡Dónde está el dinero! ¡Donde están las vacunas! es el reclamo social generalizado en el país.
En alianza con empresarios venales, políticos corruptos, narcotraficantes y militares masacradores, Alejandro Giammattei ha logrado controlar los tres Organismos del Estado, torciendo la ley, ignorando fallos judiciales, corrompiendo voluntades y comprando votos. Mediante una serie de maniobras legaloides y fraudes de ley han fracturado el Estado democrático de Derecho, y han instaurado un Estado de facto que, en lo político, camina aceleradamente hacia un Estado policial, restringiendo la libertad de prensa, el derecho de organización y el de movilización. Para ello, han emitido leyes retrógradas, han cooptado jueces y gobiernan mediante Estados de Excepción, robando a manos llenas en el marco de la peor pandemia de los últimos cien años.
Por lo anterior, la improbación del Estado de Calamidad en el Congreso no fue un asunto trivial. Por contradicciones internas el pacto de corruptos se fraccionó, y estamos ante una recomposición del poder espurio, de cara a la elección de la presidencia del Congreso, la aprobación del presupuesto 2022, el voto para definir la nueva Corte Suprema de Justicia, y unas elecciones prematuras. Si bien los partidos de oposición hicieron su trabajo, el fracaso de Giammattei y de Allan Rodríguez se debió a la podredumbre interna, pues la cohesión de la alianza criminal se basa en prebendas, coimas y corruptelas, que ahora hicieron crisis.
Al día siguiente del fracaso legislativo, el influyente diario The New York Times publicitó la trama rusa por todo el mundo, ventilando que un testigo material declaró ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que vio la alfombra llena de dinero en efectivo que los eslavos enviaron a la casa de Alejandro Giammattei. Por ello la persecución y el desafuero en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval, el adalid anticorrupción que cada día gana más apoyo ciudadano.
Los corruptores rusos no quieren solamente un muelle casi gratis para embarcar níquel a granel, sino apropiarse del cobalto que hay en la zona de El Estor, como se evidenció en los estudios que realizaron Rafael Piedrasanta y Alfonso Bauer en los años 70. Su precio ha subido un 64 % desde principios de año (US 52 mil por tonelada), por ser una materia prima esencial para las baterías de iones de litio de vehículos eléctricos, y todo tipo de dispositivos electrónicos.
En esta coyuntura también se resquebraja la postura del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal, que llamó a un diálogo imposible con los corruptos, y desautorizó las protestas ciudadanas. Varios obispos y sacerdotes ya se han pronunciado apoyando los reclamos sociales, a tono con las directrices del Papa Francisco en contra de la corrupción.
Lo que mal comienza mal acaba, pero será la ciudadanía quien decida cuanta vida le queda al pacto de corruptos, y más de un obispo terminará crucificado entre dos ladrones.
