En las últimas constituyentes se dispuso, tomando en cuenta abusos previos, que los Estados de Excepción que limitan la vigencia de garantías constitucionales debían ser emitidos por el Presidente en Consejo de Ministros pero debían ser aprobados, rechazados o modificados por la mayoría de los diputados que conforman el Congreso de la República, con la intención de evitar que el autoritarismo presidencialista, tan propio de nuestra historia, hiciera que cualquier gobernante pudiera suprimir derechos ciudadanos contemplados en la Carta Magna a su sabor y antojo. Sin embargo, en una interpretación propia de aquella vieja franquicia de Ripley, Aunque Usted no lo Crea, en la que se publicaban eventos absurdos, extraños o inusuales que se volvían increíbles para los lectores, la Corte de Constitucionalidad mandó por un tubo lo que dice la Constitución y sostiene que no hace falta que el Congreso ratifique los Estados de Excepción y que éstos tienen vida en sí mismos.
Para quienes aún dudan de la existencia de la Dictadura de la Corrupción, las últimas resoluciones de la CC, pero particularmente la que tiene que ver con la suspensión de garantías individuales, viene a confirmar que no estamos en rumbo de convertirnos en una Nicaragua o una Venezuela, sino que ya estamos en una situación aún peor que la de esos países porque la alianza del Pacto de Corruptos que nos gobierna tiene en la Corte de Constitucionalidad su principal puntal.
La Ley de Orden Público es un anacronismo que viene de las épocas dictatoriales cuando el tirano de turno podía suprimir de un plumazo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. En países realmente democráticos no tiene cabida la noción de que para reaccionar ante un desastre natural haga falta suspender la vigencia de la Constitución en cuanto a los derechos individuales. En muchos de los países de América Latina, sin embargo, por los resabios de tantas tiranías, se mantiene el concepto de que el gobierno puede dejar en suspenso partes de la Constitución no sólo ante situaciones de protesta en las que el pueblo ejerce su derecho a manifestar, sino hasta para cuestiones como una pandemia o los huracanes que cada poco se acercan tanto a nuestro territorio.
Por supuesto que no es despreciable la parte que tiene que ver con que la Ley de Orden Público otorga facultades para hacer compras sin cumplir los requisitos de licitación o cotización porque se declaran legales las compras de emergencia, manga ancha que tanto les gusta a los corruptos gobernantes de estas latitudes.
Pero lo esencial es que en la Constitución vigente no hay nada que deje ver que si el Congreso no alcanza mayoría para aprobar o improbar un Estado de Excepción, el mismo mantiene su vigencia. Y no dijeron nada los Constituyentes porque se entiende que la aprobación es requisito indispensable y que si transcurrido el plazo no se produce, la medida queda sin efecto.
Ninguno de los magistrados actuales de la CC es reconocido constitucionalista y, por lo visto, tampoco entienden bien el idioma. Son simples peones de la Dictadura de la Corrupción y por eso todos sus fallos serán para generar más trinquetes y garantizar la máxima impunidad a los sinvergüenzas.
