Raul Molina Mejía
Hoy se hace necesario tomar posición frente a la crisis. La incontrolable pandemia, exacerbada por el pésimo gobierno de Giammattei, nos obliga a tomar partido: estar con las grandes mayorías pobres y marginadas o aceptar las mentiras de la fracción criminal y corrupta que se ha apoderado del Estado. Cualquier otra posición, como llamamientos al diálogo, sólo sirve al sistema, ya sea dándole sostén o tiempo para que intente recomponerse, como ocurrió con Abundio Maldonado y Jimmy Morales. En agosto se han ido definiendo las posiciones. Del lado del Pueblo estamos quienes queremos rescatar el país y construir un nuevo Estado -multinacional, plurilingüe, no patriarcal y democrático. No somos movimiento comunista o socialista, aunque se aceptan quienes crean en esas ideologías, ni somos “populistas”. Somos gente honrada que valoramos la capacidad y la ética para gobernar.
Por el lado contrario están quienes se han propuesto saquear el Estado y la sociedad, lanzados a una iniciativa neocolonial que arrebate tierras, territorios y recursos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas, para uso propio o para entregarlos a las empresas extranjeras, que hoy son occidentales y pronto rusas y chinas. Ahí confluyen CACIF y el crimen organizado y se aprovechan los politiqueros que infestan los tres Poderes del Estado: ladrones y sus círculos de influencia, con relación de sangre o política. Se sirven de medios de comunicación social -escritos, TV y radio, así como redes sociales- y determinan acontecimientos mediante el terror y abuso de autoridad. El sector privado, casi sin excepciones, se encuentra detrás del gobierno corrupto, y ataca los instrumentos que le quedan al Pueblo en su resistencia, como manifestaciones, paros y cortes de vías terrestres. Se quejan de pérdidas millonarias por cortes, sin reconocer que han profundizado la pobreza durante este período, mientras sus capitales aumentan. Menos reconocen las muertes que su codicia produce; la danza de muerte por coronavirus se ha mantenido, porque nunca ha querido este sector una cuarentena pagada para parar labores productivas no esenciales.
Capas medias, impactadas por las políticas estatales pero temerosas de enfrentar a los “poderosos”, reconocen ya el liderazgo de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y la necesidad de ofrecerles apoyo. Otros grupos titubean o asumen posiciones timoratas. El CSU de la USAC aún no declara non-gratos al presidente y a la fiscal general; los colegios profesionales y las universidades privadas callan, pese al clamor de sancarlistas y landivarianos; y medios de comunicación social se limitan en sus críticas y exigencias. Lamento la posición del Consejo Permanente de la CEG. Como persona ecuménica he reconocido los aportes de la Iglesia Católica a una Guatemala más justa y en paz; pero hoy se proponen salidas que no son ni justas ni llevan a la paz. Dialogar con el gobierno resulta inaudito; Giammattei y Porras, y muchos más, deben salir del Estado. No se puede dejar de exigir el fin del régimen cuando cada instante produce más y más muertes. La Resistencia seguirá hasta que se establezca el nuevo régimen.
