La Casa Blanca pidió a los gobiernos locales y estatales implementar medidas para evitar los desalojos, luego que expiró una ley de emergencia adoptada durante la pandemia de coronavirus que protegía a los inquilinos que no podían pagar la renta.
En un comunicado emitido el lunes, la presidencia enfatizó que el gobierno federal ha desembolsado 46,500 millones de dólares para proteger a los inquilinos. Pero acusó a los estados y municipalidades de «actuar con demasiada lentitud» en la entrega de los fondos y evitar perjuicios a quienes han perdido su fuente de ingresos debido a la pandemia.
La declaración surge en momentos en que el presidente Joe Biden sufre amplias críticas, incluso de miembros de su propio partido, por no prorrogar la moratoria. La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi calificó de «inimaginable» la posibilidad de que miles de personas pierdan sus viviendas.
La bancada de legisladores negros intensificó la presión sobre la Casa Blanca para que apruebe una prórroga de inmediato, y un demócrata, la representante Cori Bush de Missouri, quien está acampando como protesta, se reunió brevemente con la vicepresidenta Kamala Harris el lunes en el Capitolio.
Algunas personas están ahora en riesgo de perder la vivienda. Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que hay límites a lo que puede hacer por su cuenta y que los gobiernos locales y estatales tienen que hacer su parte.
«El presidente ha sido muy claro: si hay estados y localidades que pueden hacerlo de manera eficaz y oportuna, no hay razón por la que no lo pueden hacer todos los estados y localidades», afirmó ante reporteros Gene Sperling, coordinador de ayuda por la pandemia.
«Simplemente no hay excusas válidas para estos estados y localidades que no están prestando la ayuda necesaria», añadió.
Biden anunció a fines de la semana pasada que permitiría el vencimiento de la moratoria. La Casa Blanca enfatizó que apoyaría una prórroga pero señaló la decisión de la Corte Suprema en junio, por cinco votos contra cuatro, en el sentido que no apoyaría más extensiones. El magistrado Brett Kavanaugh escribió que tiene que ser el Congreso el que declare una prórroga. La Casa Blanca señaló que a las medidas a nivel estatal podrían evitar un tercio de los desalojos.
Si bien el gobierno federal sigue estudiando alternativas legales para evitar desahucios, fuentes oficiales insisten en que sus opciones son limitadas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki señaló que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que emitieron la moratoria inicial, «no tiene la autoridad legal para una nueva moratoria especializada».
Unos 1.4 millones de personas dijeron a la Oficina del Censo que «muy probablemente» perderían sus viviendas en los próximos dos meses. Otros 2.2 millones dijeron que «era algo probable» que fueran desalojadas.
