El referéndum en el que se decidiría si se enjuiciaba a cinco expresidentes mexicanos no logró los votos requeridos para ser válido, lo que dejó sin piso político la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar adelante procesos contra los gobiernos anteriores.
De acuerdo a un primer boletín del Instituto Nacional Electoral, basado en un conteo rápido, la participación en la consulta popular fue de entre 7,07% y 7,74%, anunció anoche Lorenzo Córdova, consejero presidente del organismo.
La concurrencia de electores estuvo muy por debajo del requisito de al menos 40% de participación (37,5 millones de votantes) previsto en las leyes para que el proceso fuera vinculante para los poderes Legislativo y Ejecutivo federales.
Entre 89,36% y 96,28% votaron en favor del «sí», de 1,38% a 1,58% sufragaron por el «no», y entre 2.19% y 9,21% de los votos fueron anulados, dijo Córdova en un discurso que se difundió por internet. El conteo rápido se llevó a cabo en 1.830 mesas receptoras de votación.
El organismo electoral indicó que 93,6 millones de electores podían participar en el referendo.
El presidente del INE señaló que los resultados finales quedarán listos en el transcurso del lunes, cuando se concluya el cómputo de las 57.070 actas.
Mario Delgado, presidente del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), desestimó los resultados, y manifestó en Twitter que con el triunfo del «sí» comienza «una nueva etapa contra la impunidad en nuestro país en donde las víctimas estarán en el centro».
«El clamor de justicia de la gente superó enormemente el NO», agregó.
Delgado adelantó que desde Morena «vamos a apoyar el establecimiento de un tribunal del pueblo como lo propone el grupo promotor de la consulta», la conformación de una «comisión de la verdad», una «comisión contra la impunidad de los crímenes económicos del neoliberalismo», y una agenda de «justicia transicional» contra violaciones del pasado a los derechos humanos.
Por su parte, el dirigente del opositor Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, consideró que la consulta fue un «fracaso» y dijo, en su cuenta de la misma red social, que los resultados demostraron que «los mexicanos están hartos de un gobierno que se esconde en el pasado para no enfrentar el presente».
«Es tiempo de que el gobierno de Morena tome en serio su papel», sostuvo Moreno. López Obrador ha pasado los tres primeros años de su gobierno «jugando a hacer campaña», señaló.
El politólogo Federico Berrueto atribuyó la escasa participación en la consulta a que «no había una pregunta clara que motivara la participación», y dijo a la televisora local Milenio que debió haber «más comunicación, más publicidad» para lograr una mayor concurrencia de electores.
Berrueto indicó que habrá que esperar la reacción de López Obrador para conocer los próximos pasos que seguirá su gobierno tras los resultados.
En la consulta se preguntó a los mexicanos: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».
El texto de la pregunta, que fue definido en octubre pasado por la Suprema Corte de Justicia, generó posiciones encontradas entre juristas y analistas, algunos de los cuales consideraron que estaba apegada a la ley, mientras que otros afirmaron que era confusa y muy general.
Aunque la iniciativa no logró el respaldo popular requerido, algunos analistas prevén que eso no cierra el camino para que el Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República puedan llevar adelante cualquier proceso judicial.
Después de tres años de mandato, López Obrador se ha quedado corto en su principal promesa de erradicar la corrupción, con pocos procesos judiciales de alto perfil en lo que va del sexenio. Las acusaciones de corrupción hechas contra Emilio Lozoya, exdirector de la paraestatal Pemex durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y otros funcionarios de ese gobierno han resultado difíciles de llevar a juicio.
Ante esa situación los analistas consideran que López Obrador busca la bendición del electorado para cambiar de rumbo y perseguir a los expresidentes, dos de los cuales -Felipe Calderón (2006-2012) y Vicente Fox (2000 a 2006)- han estado entre sus más duros críticos.
En total, México tiene a seis expresidentes vivos, el mayor de ellos Luis Echeverría, de 99 años. El plazo de prescripción ha expirado para muchos de los abusos que se les acusa de haber cometido, la mayoría de los cuales involucran corrupción masiva, sobornos, despilfarro de dinero del gobierno y mala gestión económica criminal.
