Human Rights Watch (HRW) instó ayer a Chile a suspender las expulsiones sumarias de migrantes venezolanos, a quienes se les niega un debido proceso para apelar a la deportación antes de enviarlos de vuelta a Venezuela, donde podrían enfrentar graves riesgos, señaló el organismo en una declaración pública.
«Es contradictorio que el gobierno chileno condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
En Chile viven casi 1.5 millones de migrantes, incluidos más de 457,000 venezolanos que mayoritariamente regularizaron su situación.
Vivanco añadió que, «los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional».
El domingo 25 de abril fueron expulsados 55 extranjeros. «Este es el primero de los vuelos contratados por la Subsecretaría del Interior y la Dirección de Extranjería y Migraciones para materializar expulsiones ya sean judiciales o administrativas», dijo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. Precisó que 40 de los deportados estaban en condición irregular en el país y que los otros 15 estaban acusados de cometer delitos en Chile.
«Con este nuevo proceso de expulsiones, el gobierno pretende deportar a unos 1.500 extranjeros durante este año y para ello arrendó 15 aviones comerciales que realizarán 15 vuelos», informó Galli en abril.
Según cifras del Ministerio del Interior, hasta abril último se habían expulsado a unos 200 migrantes a bordo de aviones de la Fuerza Aérea. El domingo 6 de junio fueron deportadas otras 56 personas, todas venezolanas, cuando las cortes de apelaciones estaban cerradas. Desde ahora la Corte Suprema ordenó a esos tribunales estar disponibles los fines de semana.
A comienzos de año miles de migrantes ingresaron al país sudamericano por su frontera norte, con Perú y Bolivia, tras caminar horas o días bajo el inclemente sol del desierto de Atacama, el más árido del mundo, y con temperaturas bajo cero por las noches. Un puñado no resistió las adversas condiciones y murió.
El gobierno del centroderechista presidente Sebastián Piñera promulgó en abril último una nueva ley de migraciones que sólo permite regularizar su situación a los migrantes que llegaron por ingresos habilitados antes del 18 de marzo de 2020, mientras los que lo hicieron por pasos clandestinos tienen 180 días para marcharse sin sanciones. Según el Servicio Jesuita Migrante, en los últimos tres años entraron a Chile unos 35,000 migrantes sin autorización.
Los extranjeros que regularizan su situación en Chile pueden optar a salud, educación y a varios subsidios estatales.
«El principal objetivo de esta nueva Ley de Migraciones es poner orden en nuestra casa a través de una política de migraciones ordenada, segura y regular, que permita la migración legal y combata la inmigración ilegal», dijo Piñera al promulgar la nueva normativa.
La nueva política migratoria chilena también ha sido fuertemente criticada por otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y por un grupo de expertos de Naciones Unidas.
A diferencia de Chile, a comienzos de año el gobierno del presidente Iván Duque, donde viven más de 1.5 millones de venezolanos, anunció la creación de un Estatuto Temporal de Protección para los migrantes venezolanos, que regirá durante una década.
