El gobierno del presidente Joe Biden anunció ayer sanciones contra un funcionario y una entidad gubernamental de Cuba involucrados en abusos a los derechos humanos cometidos durante la represión de protestas en la isla este mes.
La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro incluyó a Álvaro López Miera, un militar y líder político cubano, y a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, en la lista más reciente de sancionados.
El Tesoro dijo en un comunicado que López Miera «ha desempeñado un papel integral en la represión de las protestas en curso en Cuba». El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, encabezado por López Miera, y otros servicios de seguridad del gobierno cubano han atacado a manifestantes y detuvieron o desaparecieron a más de 100 de ellos en un intento de reprimir estas protestas, según el departamento estadounidense.
El gobierno encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel actuó con prontitud, y violencia, para sofocar las protestas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que las acciones emprendidas por las autoridades cubanas, y las muchedumbres violentas que movilizó, «dejan al descubierto el miedo del régimen a su propio pueblo y su falta de voluntad para satisfacer sus necesidades básicas y aspiraciones».
La Brigada Especial Nacional ya había sido sancionada en enero por el gobierno del expresidente Donald Trump, que también sancionó a todo el Ministerio del Interior y a su titular Lázaro Alberto Álvarez Casas en virtud de la Ley Global Magnitski.
«Condeno de forma inequívoca las detenciones masivas y la simulación de procesos judiciales en los que se condena injustamente a penas de prisión a quienes se atrevieron a alzar su voz, en un esfuerzo por intimidar y amenazar al pueblo cubano» para silenciarlo, señaló Biden en un comunicado. «El pueblo cubano tiene el mismo derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica que todas las personas».
A principios de la semana, la Casa Blanca anunció que Biden ordenó a su gobierno tomar varias medidas para aumentar la presión sobre el régimen comunista luego de que miles de cubanos salieran a las calles de La Habana y de otras ciudades de la isla hace unas semanas para protestar por la escasez de comida y los precios elevados durante la crisis del coronavirus.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió en Twitter que las sanciones son «infundadas y calumniosas», y señaló que Biden debería aplicarse a sí mismo las sanciones «por los actos de represión cotidiana y brutalidad policial» en Estados Unidos.
Poco después, durante una conferencia de prensa Rodríguez hizo énfasis en la falta de sentido práctico de las sanciones.
«Es irrelevante desde el punto de vista práctico porque me consta que ese ministro (López Miera) no tiene cuentas en bancos norteamericanos y nunca me ha dicho que esté interesado en ir a hacer turismo en Miami», expresó el canciller Rodríguez. «Es un asunto relevante a partir de la implicación política y agresiva que demuestra… El gobierno de los Estados Unidos no tiene la menor autoridad ni legal, ni moral ni política para andar sancionando gente por el mundo».
La OFAC fue comisionada para explorar las sanciones a funcionarios cubanos que violaran los derechos humanos de los manifestantes pacíficos en Cuba.
«El pueblo cubano está protestando por los derechos fundamentales y universales que merecen de su gobierno», dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. «El Tesoro continuará aplicando sus sanciones relacionadas con Cuba, incluidas las impuestas hoy, para apoyar al pueblo de Cuba en su búsqueda de democracia y de alivio del régimen cubano».
Biden también instruyó al Departamento de Estado formar un grupo de trabajo para revisar la política de remesas de Estados Unidos y asegurar que el dinero que los cubano-estadounidenses envían a casa llegue directamente a sus familiares sin que el régimen se quede con una parte.
De igual manera, el mandatario estadounidense pidió revisar la viabilidad de aumentar el personal de la embajada en La Habana. La Casa Blanca tiene la esperanza de que un incremento en el personal facilite la participación de la sociedad civil tras una de las manifestaciones antigubernamentales más grandes de Cuba en los últimos tiempos.
«Hemos dejado claro durante la última semana que abordar este momento era una prioridad para el gobierno y para el presidente Biden», señaló Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca.
