El gobierno español quiere proscribir las expresiones de apoyo a la dictadura del general Francisco Franco y los organismos que elogian las políticas y los líderes de ese régimen del siglo XX.
El consejo de ministros del gobierno de coalición encabezado por el Partido Socialista aprobó un proyecto de ley que sanciona a cualquiera que «ensalce el golpe de Estado, la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación a la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la Guerra Civil o el franquismo».
El Partido Socialista, de centroizquierda, se ha impuesto el objetivo de sanar las divisiones en torno al lugar que ocupa Franco en la historia de España, indemnizar a sus víctimas y eliminar el extremismo de derecha, ante la popularidad reciente del partido de extrema derecha Vox, que ha ganado bancas en el parlamento.
Félix Bolaños, el ministro promotor del proyecto, dijo que «es la primera ley en la que se condena y se repudia expresamente el golpe de estado y la dictadura, que han supuesto el periodo más negro de nuestra historia contemporánea».
Hace dos años, un gobierno socialista ordenó exhumar los restos de Franco de su mausoleo en las afueras de Madrid para enterrarlos en una pequeña cripta familiar en un cementerio al norte de la capital.
La llamada «Ley de Memoria Democrática», que será sometida al parlamento, probablemente volverá a encender un debate sobre la libertad de expresión y la imagen de Franco, un asunto que despierta fuertes emociones en muchos españoles.
Más de medio millón de personas murieron en la guerra entre las fuerzas rebeldes encabezadas por Franco y los defensores de la efímera república. Franco se declaró victorioso el 1 de abril de 1939 y presidió un régimen de mano de hierro hasta su muerte en 1975. Más de 110.000 víctimas de la guerra y la dictadura no han sido identificadas.
El proyecto prevé abolir la Fundación Francisco Franco, que promueve el legado del dictador difunto.
La exaltación de las figuras e ideas del franquismo conllevará una multa máxima de 150.000 euros (177.000 dólares).
Se crea un banco nacional de ADN para ayudar a rastrear a personas desaparecidas, presuntamente muertas, muchas de ellas en fosas comunes o sin nombre que siguen apareciendo. Las autoridades estarán a cargo de buscar y exhumar las víctimas, una responsabilidad que han asumido movimientos cívicos y familias.
El proyecto busca descubrir la verdad sobre las persecuciones y atrocidades cometidas durante la guerra y el régimen Franco, con el nombramiento de un fiscal especial para investigar los crímenes desde el estallido de la Guerra Civil hasta la aprobación de la nueva Constitución en 1978. También se planea una auditoría de bienes incautados por la dictadura.
