Las autoridades en algunas regiones de España están retomando los confinamientos y las restricciones para reuniones y las actividades nocturnas a fin de contener un incremento marcado de contagios de COVID-19 al tiempo que la variante delta del virus —de propagación más rápida— se abre paso entre la población joven que aún no se ha vacunado.
Cataluña y Valencia, dos regiones españolas en la costa del Mediterráneo donde se registran brotes importantes del virus, están limitando las reuniones a diez personas e implementaron de nuevo las restricciones para todas las actividades nocturnas. Por su parte, la región norteña de Asturias prohibió el lunes las operaciones de bares y restaurantes en espacios cerrados.
Avivados por las fiestas que marcan el fin del año escolar y el inicio del verano, la cantidad de casos de COVID-19 en las últimas dos semanas en España es ahora tres veces mayor que entre la población de menos de 30 años que el promedio. La variable, que es observada con atención, aumentó en todo el país el lunes a 368 casos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con Fernando Simón, que coordina la respuesta del gobierno español a las emergencias sanitarias.
Simón dijo que si bien los pacientes jóvenes no suelen necesitar atención en el área de cuidados intensivos, el número elevado de casos entre la gente menor a los 30 años está aumentando lentamente el índice de hospitalizaciones.
«Al día de hoy todavía no observamos y esperemos que no llegue a darse el caso, pero no observamos incrementos en la letalidad», dijo a los reporteros.
Simón agregó que el impacto de la variante delta, que se propaga con más rapidez que el virus original, no es determinante cuando la población baja la guardia frente al virus.
«Estamos haciendo cosas que probablemente son de alto riesgo y que independientemente de que fuera esta u otra variante, significaría un incremento de la transmisión», subrayó.
España ha vacunado por completo a más de 21 millones de personas, que representa el 46% de su población total. Pero solo 600.000 de ellas tiene menos de 30 años, el próximo grupo a vacunar en la campaña nacional.
Desde que el estado de emergencia nacional fue levantado en mayo, los gobiernos regionales que tratan de mantener el virus a raya han buscado autorización judicial para adoptar restricciones que restringen las libertades básicas. Eso ha llevado a resultados distintos.
