Pese a que los líderes de una de las mayores bandas delictivas de Venezuela han burlado el cerco policial, el gobierno de Nicolás Maduro afirmó ayer que está en marcha la desarticulación de esa organización tras el despliegue de casi un millar de policías y militares en varias de las más peligrosas barriadas de Caracas, desde donde han operado por años.
La ministra de Interior y Justicia, la almirante en jefe Carmen Meléndez, dijo a través de Twitter que «en el desarrollo de las operaciones hemos liberado a ciudadanos que habían sido secuestrados por los antisociales. Mantendremos las acciones necesarias para proteger de estos grupos a las y los venezolanos».
Versiones de la prensa local, citando a familiares y testigos, contabilizan al menos cinco personas fallecidas y nueve heridas, varias de ellas ajenas a los enfrentamientos.
El jueves el gobierno ofreció recompensas de hasta 500,000 dólares a quienes colaboren con las autoridades en la captura de los cabecillas de la banda identificados como Carlos Luis Revete, alias «Koki»; Garbis Ochoa Ruiz, alias «El Galvis», y Carlos Calderón, alias «Vampi». Contra otros seis miembros de la banda, la recompensa oscilaba entre los 20,000 y 50,000 dólares.
Las acciones de los cuerpos de seguridad y el anuncio de las recompensas se produjeron semanas después de que miembros de la llamada banda de «El Koki» dispararan repetidamente ráfagas al aire y contra transeúntes y vehículos, en ocasiones en rechazo a cualquier acción policial contra otras organizaciones criminales y por la esporádica presencia de policías en las cercanías de las barriadas de la avenida conocida como la Cota 905, una zona montañosa tamizada de casuchas construidas en su mayoría con materiales de desechos en el oeste de Caracas.
En la Cota 905 «estamos viviendo un trauma», dijo a The Associated Press Enrique Alvarez, un albañil de 60 años, quien aprovechó para llevar a su pareja al médico, que sufre de asma, ahora que las detonaciones de balas se escuchan más espaciadas unas de otras.
Algunas otras personas han optado por abandonar temporalmente sus hogares.
«Por ahorita está tranquilo. Está el cuerpo policial por allá. Anoche si que estaba feo», dijo Marleni, una ama de casa de 31 años, que declinó dar su apellido, en momentos que dejaba el sector caminando rumbo a una avenida cercana para trasladarse a la casa de familiares en el suroeste de la capital venezolana, donde piensa quedarse con sus hijos hasta que «se calme la cosa».
Los miembros de la banda, además de cometer fechorías, se distinguieron por atacar a los miembros de los cuerpos de seguridad que se acercaban a las barriadas que fungían como su fortín. De acuerdo con informes de prensa, la banda opera desde 2014.
La zona de influencia de la banda en meses recientes se ha extendido a las parroquias cercanas de La Vega, El Paraíso y El Cementerio.
Varios aliados de Maduro han dicho que las acciones recientes de bandas como la de «El Koki» serían parte de un complot para desestabilizar el gobierno socialista y que esos delincuentes tendrían vínculos con «algunos líderes negativos de la oposición».
Los adversarios de Maduro han rechazado las acusaciones y sostienen que las bandas criminales en Venezuela se han fortalecido por el fracaso de políticas de seguridad pública del gobierno, entre las que se incluyó el retiro de las fuerzas policiales en sectores peligrosos para promover el desarme voluntario de los delincuentes.
«La dictadura es responsable de promover, financiar y generar impunidad a bandas que hoy generan zozobra», dijo el líder opositor Juan Guaidó por Twitter, destacando que desde «2015 se ha denunciado las consecuencias de «zonas de paz», como las autoridades denominan los sectores donde agentes policiales no realizan operativos con el objetivo que las bandas a cambio cesen sus actividades criminales.
«No vengan con excusas y libretos repetidos», añadió Guaidó en alusión a la insistencia gubernamental de vincular a la oposición con los delincuentes.
