Por Jorge Santos
Entendemos como régimen, al conjunto de instituciones y leyes que permiten la organización del Estado y el ejercicio del poder. A través del régimen político se determina la vía de acceso al gobierno y la forma en la cual las autoridades pueden hacer uso de sus facultades. Es evidente que, en Guatemala, llevamos varios años transitando hacia el régimen autoritario, caracterizado por la utilización de varios instrumentos represivos, como la policía y la propaganda, para la presión y el sometimiento del Pueblo, así como la ausencia de separación de poderes. Otra característica de este tipo de regímenes, es el entendimiento desde el poder, que no existe posibilidad alguna de demanda ciudadana por sus derechos, sino que lo que hay es oposición al régimen y por lo tanto lo necesario es eliminarla.
En ese sentido, cabe señalar al menos cinco estrategias para consolidar el viejo régimen de impunidad, violencia y corrupción. La primera de ellas, la captura absoluta de la institucionalidad del Estado guatemalteco. Las últimas posiciones ganadas para el Pacto de Corruptos son la Corte de Constitucionalidad y la presidencia de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pero le anteceden la Jefatura y Fiscalía General del Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y sin lugar a dudas están en lista de espera de los criminales para ser asaltadas: la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos. La segunda estrategia está íntimamente ligada a la primera, en el sentido que toda esta captura y secuestro de la institucionalidad, está dirigida a retroceder los avances en materia de acceso a justicia impulsados por la CICIG y FECI en cuanto a casos de corrupción e impunidad; así como en casos de graves violaciones de derechos humanos en el pasado. Busca también generar un andamiaje institucional que legitime la inversión privada, aún cuando incurre en corrupción y abusos.
La tercera estrategia está encaminada a profundizar el fracasado modelo económico, que sostiene a base de remesas familiares enviadas desde el extranjero la endeble economía, mientras las históricas familias oligárquicas se revuelcan sobre sus espurios beneficios. Queda en manos de los nuevos inquilinos de la CC hacer retroceder los avances que en justicia se habían alcanzado. La cuarta estrategia, esbozada a partir de la oportunidad que les produjo la pandemia de Covid 19 y los beneficios que pueden obtener del dolor y muerte de la población. La política criminal de Giammattei y la Ministra Flores, de sálvese quien pueda, está más vinculada al ejercicio de acciones genocidas, que la aplicación de políticas públicas en materia de salud.
Por último y no por ello menos importante, la aplicación cada vez más contundente de una política pública de violencia y represión estatal, contra todas aquellas personas, organizaciones y comunidades que desde distintos ámbitos se oponen a la instalación del régimen autoritario. Por lo tanto, la tarea fundamental de los Pueblos es la organización y articulación social.
