Usar la institucionalidad del Estado para amedrentar a quienes luchan por sus derechos, es una estrategia recurrente para inmovilizar a las comunidades y los grupos sociales que cotidianamente se enfrentan a empresas extractivas, para defender sus territorios de la devastación y empobrecimiento que estas provocan. El Estado de Guatemala tiene bien definido su papel, que es defender los intereses de los grandes empresarios (nacionales y extranjeros) y poner a su disposición las leyes e instituciones para protegerlos. Las leyes, las cortes son implacables para castigar a las defensoras y los defensores de derechos humanos, su intención es contundente: inmovilizar.
El sistema de justicia se ha dedicado a judicializar a las defensoras y los defensores, no busca la conciliación u otras vías para resolver los conflictos que son provocados tanto por las empresas extractivas como por el Estado, el cual no duda en desplegar al Ejército o a la Policía para reprimir y violentar a la población. Hay decenas de mujeres y hombres criminalizadas y criminalizados en todo el país, semana tras semana se realizan y suspenden audiencias, así pasan los meses y los años para las presas y los presos políticos como Bernardo Caal Xol, quien tiene más de dos años de estar en prisión injustamente.
Otro de estos casos de criminalización es el de las 21 personas de la comunidad q’eqchi’ Chicoyogüito, Cobán, Alta Verapaz, quienes fueron apresadas arbitrariamente durante una manifestación pacífica, que cada año realizan para denunciar los múltiples despojos que han sufrido desde la invasión española hasta hoy en día, ya que su territorio sigue invadido; en 1968 fue desalojada la comunidad para instalar en 1971 la Zona Militar No. 21, que actualmente es el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), lugar donde se encontraron más de quinientas osamentas, que corresponden al genocidio cometido por el Estado guatemalteco durante el llamado Conflicto Armado Interno. Ayer, 18 de junio, las 21 personas fueron ligadas a proceso penal y 3 de estas permanecerán en prisión; este mismo día, en un juzgado de Mixco, un juez suspendió la audiencia de Fase Intermedia de Aníbal Araujo y Ernesto Araujo, líderes comunitarios de La Ciénega, San Raymundo, departamento de Guatemala, que han sido acusados por Trecsa (Transportadora de Energía Centroamericana S.A.), empresa filial del Grupo Energía Bogotá (GEB); su delito es defender su territorio de la invasión de esta transnacional.
El 16 de junio debía realizarse la audiencia de Fase Intermedia del proceso legal que se desarrolla en contra de Micaela Solís, Sebastiana Pablo, Anastasia Mejía, Petrona Siy, Manuel Hernández, Tomás López y Sebastian Nix, a quienes se les criminaliza por la quema de la Municipalidad de Joyabaj, Quiché. La lideresa Sebastiana Pablo lleva ocho meses en prisión. La audiencia fue suspendida hasta nuevo aviso.
El desgaste es parte de esta estrategia de criminalización, que maliciosamente usa el tiempo para deteriorar física y emocionalmente a quienes luchan, a sus familias y a quienes les rodean.
El Estado sigue considerando como enemigas a las personas que luchan.
