Walter Juárez Estrada
El diccionario de la Lengua española define con claridad qué es el chantaje (2) presión que, mediante amenaza, se ejerce sobre alguien para “obligarle” a obrar en determinado sentido…La Fiscalía Especial Contra la Impunidad, solicitó levantar de inmunidad por los delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita contra 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por actividades en su función de comisionados de postulación para magistrados de Corte de Apelaciones “chantajearon a los Comisionados para que se nominaran jueces en los tribunales de alzada en la nómina previamente elaborada con el aval del operador político Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien dio causa justificada para promover acciones penales contra los que se prestaron a ese sucio manoseo político.
La FECI tiene medios de prueba: documentales, escuchas telefónicas de las visitas que los imputados y sus cómplices hicieron a Alejos cuando estaba recluido en un hospital privado de la zona 2. Dentro de ese escándalo y pésimo proceder de los involucrados en la “trama” se pone en el ojo del huracán y en la vitrina de la población a los diputados que no tienen otra salida que declarar que ha lugar a despojar del privilegio de inmunidad a los relacionados, pero se duda que se puedan reunir los 107 votos que regula la ley; es del dominio público que los legisladores de la maquinaria oficialista y sus aliados, están al servicio de intereses espurios; es interesante que se siente un precedente. No es posible que los togados que han sido puestos ante la justicia, se aprovechen de su condición de juzgadores para actuar fuera de la ley.
Se debe determinar previamente, si la denuncia es espuria o política, figuras que no encuadran porque las pruebas son convincentes, al estar involucrados en esas acciones ilícitas el rector de la USAC, Murphy Paiz, el ex rector Estuardo Gálvez, comisionados, magistrados y jueces que presionaron para que en la nómina de aspirantes a la CSJ y Salas de Apelaciones, se eligieran a sus recomendados.
La justicia en Guatemala, en los últimos años ha sido dirigida por profesionales con vínculos políticos. Los magistrados que ahora están a un pie de irse presos, si se declara con lugar el despojo de su inmunidad, fueron elegidos por diputados de los expartidos PP y Lider el 13 de octubre de 2019, cumplieron los 5 años para el que fueron electos y han prolongado su función por las acciones en la CC, porque el evento de su elección, estuvo viciado y el órgano Constitucional, ordenó al Congreso, que la votación sea razonada y de viva voz. Se duda que el evento sea como resolvió dicho Tribunal, porque los diputados tienen dudas si los magistrados de ese organismo resolvieron con apego a derecho o políticamente.
En la histórica jurídica-política guatemalteca, no registra un hecho tan deleznable que los magistrados del más alto tribunal de justicia, se involucren en la política para su propio beneficio. Los diputados deben declarar con lugar el antejuicio para que los imputados sean juzgados por actuar fuera de los alcances que dice la Carta Magna. Si los legisladores no dan vía libre para que se declare que ha lugar a despojar de la impunidad a los “malos magistrados” se ratificará que están al servicio de intereses espurios.
