Ayer se retomó la audiencia de primera declaración del exdiputado Julio César López Villatoro por el caso Financiamiento UNE, en el Juzgado de Mayor Riesgo «A» a cargo de la jueza Claudette Domínguez.
La jueza Domínguez resolvió ligar a proceso penal al exfuncionario por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, sin tomar en cuenta la inconstitucionalidad presentada por López Villatoro, quien argumenta que ese delito no podía aplicarse en su caso, ya que los hechos habrían ocurrido en 2015, previo a la modificación del artículo 407 N del Código Penal.
La jueza Domínguez indicó que no se tomó en cuenta la acción presentada por Julio César López Villatoro, ya que existían los indicios suficientes que demuestra la participación del exdiputado en los hechos.
En este sentido, la jueza Domínguez resolvió este día ligar a proceso penal al exfuncionario por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, sin tomar en cuenta la inconstitucionalidad presentada por López Villatoro.
?: Lourdes Arana/LH pic.twitter.com/rcw5hVjD4Z
— Diario La Hora (@lahoragt) June 3, 2021
LOS HECHOS
El pasado 14 de mayo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) sindicó a López Villatoro de los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, por no reportar más de Q250 mil que la agrupación política habría recibido para la campaña electoral del 2015.
En este contexto, el exdiputado recibió un total de Q250 mil por medio de 5 cheques de Q50 mil cada uno por parte de la entidad Maariv, S.A., los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), según la Fiscalía.
PRESENTA INCONSTITUCIONALIDAD
Después de que la FECI realizara las imputaciones de los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, el abogado defensor de Julio César López Villatoro presentó una excepción de inconstitucionalidad indicando que el delito de financiamiento electoral no registrado no puede imputarse a su defendido, puesto que el mismo no existía en 2015, basándose en el artículo 407 “O” del Código Penal.
