Walter Juárez Estrada
Hasta ahora ningún gobierno ha resuelto el problema carcelario que es de larga data. Son varios factores que se vienen arrastrando por años. El presidente Giammattei tiene doble responsabilidad, fue director del Sistema Penitenciario y estuvo confinado en los centros al vincularlo en el caso Pavorreal. Lo que sucedió en la granja de “rehabilitación” de Cantel, Quetzaltenango, tiene varios artistas: el hacinamiento de 2 mil 252 internos del 200% de su capacidad, similar a la sobrepoblación en los otros 21 presidios; el poder real en las cárceles lo tienen los líderes con la complacencia y tolerancia de las autoridades, que les dan libertad a los del comité de disciplina, para extorsionar a sus propios compañeros a quienes les exigen elevadas sumas de dinero para no ser ajusticiados y tener privilegios.
La narco-matanza en Cantel pudo evitarse. El Ministerio Público está obligado a abrir proceso contra las autoridades del reclusorio, que actuaron tardíamente cuando los líderes habían consumado la matanza de 7 reos con negros antecedentes, supuestamente por órdenes del interno Carlos Roberto León Barillas, nieto del narco Juan José –Juancho León-, narcotraficante de primera fila, asesinado hace años en Zacapa. La matanza se originó al ser informado León Barillas, que su pareja sentimental de origen venezolano Anaís del Carmen Gambín Méndez, había sido asesinada al salir del presidio, cuando iba en un vehículo de modelo reciente.
Fue un crimen pasional de narcos y extorsionistas con características de venganza sin precedentes por la forma en que fueron ejecutados los 7 internos, cuyos cuerpos fueron mutilados y sus cabezas exhibidas como señal de triunfo. Los problemas en los presidios continuarán si no se halla una solución a corto y mediano plazo. Se ha dicho que para construir centros de calidad, tienen que erogarse varios millones. El problema no termina allí. Los guardias penitenciarios devengan salarios de hambre y los hace susceptibles al soborno y no es posible que en Cantel, como ocurre en los otros presidios un reducido número de guardias ejerzan control en una elevada población reclusa criminal y es aquí donde el Estado debe cumplir con lo que norma el artículo 19 de la Constitución que indica “el sistema debe tener la readaptación social y reeducación de los reclusos…”.
Horas después de la masacre 77 reos fueron trasladados a otras cárceles, pero por sus antecedentes de peligrosidad nadie da certeza que no vuelvan a causar otros incidentes similares como ha ocurrido en otras ocasiones.
Los sucesos de Cantel obligan al gobierno a hacer una reforma a fondo en el sistema penitenciario. Los 22 centros están hacinados con más de 25 mil internos, 12 mil guardan prisión y no han sido condenados. Por el volumen de presidiarios se habilitó el Mariscal Zavala y Matamoros para ubicar a imputados con privilegios. Giammattei está consciente de su responsabilidad y conociendo lo grave que es el sistema penitenciario, está obligado que en su administración, le halle una salida inmediata al problema carcelario, que ha sido la herencia de todos los gobiernos.
