Carlos Figueroa Ibarra
Observamos en Guatemala el ascenso de un nuevo autoritarismo que es continuidad y novedad del que vivimos en décadas anteriores. Cuando calificamos de dictadura criminal a ese nuevo autoritarismo, no aludimos a la práctica masiva de la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada. Indicamos que el Estado en Guatemala es cada vez más expresión de un conjunto de intereses de carácter ilícito que han borrado las fronteras entre dicho Estado, crimen organizado y delito económico organizado (la corrupción). Este tinglado de intereses denominado “Pacto de Corruptos” o más fuertemente “Alianza de Criminales”, está instaurando un régimen que le da continuidad a la cultura del terror prevaleciente en Guatemala durante siglos. Ahora el terror no se ejerce asesinando o desapareciendo a los opositores, sino criminalizándolos y aplicándoles el Lawfare.
En las últimas semanas hemos visto acentuadamente la judicialización de la represión: el acoso legal que se le ha hecho a los Dres. Alejandro Saquimux Canastuj y Mario Llerena Quan así como a los 20 integrantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que no votaron por el candidato a la Corte de Constitucionalidad que propiciaba el Pacto de Corruptos. También podemos mencionar el acoso judicial del cual está siendo víctima la ex diputada Nineth Montenegro a quien se le ha abierto una investigación por supuesto financiamiento ilícito a su partido. En los últimos días presenciamos la captura y encarcelamiento de Juan Francisco Solórzano Foppa, Aníbal Arguello Mayén y José Miguel Quintanilla acusados de falsedad ideológica, conspiración y asociación ilícita. Finalmente de Arnulfo Oxlaj acusado de un delito sexual.
Pueden reconstruirse los sentidos del proceso represivo que la naciente dictadura criminal está ejerciendo en Guatemala: 1. Criminalización del pasado insurgente (César Montes). 2. Criminalización de la lucha contra el extractivismo (Bernardo Caal Xol). 3. Criminalización de la memoria, justicia y verdad con respecto al genocidio en Guatemala (Arnulfo Oxlaj). 4. Criminalización de la lucha contra la corrupción (Juan Francisco Solórzano Foppa, Aníbal Arguello Mayen, Nineth Montenegro). Recordemos quien es quien en cada uno de estos casos icónicos de presos y perseguidos políticos del emergente autoritarismo corrupto de Guatemala.
César Montes es una de las pocas figuras históricas vivas del movimiento guerrillero observado en Guatemala entre 1960 y 1996. Bernardo Caal Xol está encarcelado por su firme oposición a la construcción de una hidroeléctrica en los ríos Cahabón y Oxec. Arnulfo Oxlaj es el único sobreviviente de una matanza por parte del ejército de 116 niños indígenas en la aldea Chiul del municipio de Cunén en Quiché. Juan Francisco Solórzano fue un eficaz y honesto fiscal del Ministerio Público y luego como Superintendente del Sistema de Administración Tributaria tocó los bolsillos de los grandes evasores de impuestos. Aníbal Arguello Mayen fue analista de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, defenestrada por el Pacto de Corruptos. Nineth Montenegro como diputada frenó corrupciones por aproximadamente 25 mil millones de quetzales.
Ahora no se aterroriza por defender un mero orden oligárquico. Ahora el terror se usa para defender un orden corrupto y criminal.
