La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó ayer su preocupación por presuntos abusos cometidos contra 93 estudiantes, incluyendo a 72 mujeres, de una escuela de maestros rurales en el sureño estado de Chiapas, quienes fueron detenidos el martes por participar en protestas.
«La información que hemos recibido es preocupante y es fundamental que las alegaciones por abuso no sean ignoradas, sino tomadas con toda la seriedad e investigadas de forma diligente», afirmó Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la oficina.
El 18 de mayo, estudiantes de la Escuela Normal Rural «Mactumactzá» realizaron una protesta en una autopista que conecta la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, con San Cristóbal de las Casas. Exigían un examen presencial de ingreso a esa escuela a pesar de la situación de pandemia porque la mayoría de los aspirantes son indígenas que no tienen acceso a Internet, explicó el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en un comunicado.
Las normales son escuelas de maestros rurales a las que ingresan campesinos y gente muy pobre y suelen estar en la mira de las autoridades porque tienen una tradición muy combativa y a menudo protagonizan protestas, cortes de carretera o tomas de instalaciones que, en ocasiones, pueden conllevar actos violentos.
Durante el desalojo de los manifestantes el martes, 97 personas fueron detenidas, los 93 estudiantes y cuatro pobladores. Dos de los pobladores eran adolescentes y fueron puestos en libertad poco después. Pero las otras 95 personas fueron llevadas ante el juez que declaró legal su detención.
La ONU recibió alegaciones de parte de testigos, organizaciones acompañantes y abogados de las personas arrestadas sobre presuntas detenciones arbitrarias, malos tratos, violencia sexual, abusos de poder, uso excesivo de la fuerza y otras violaciones a sus derechos tanto en las instalaciones de la fiscalía de Chiapas como en la cárcel a la que fueron trasladados llamada «El Amate».
«Es especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género», añadió Fernández-Maldonado.
Por este motivo, la oficina de Naciones Unidas pidió garantizar el debido proceso, que las personas que hablan lenguas indígenas dispongan de traductores y que se investigue de forma diligente e imparcial los posibles casos de abusos.
El domingo por la tarde, horas después del llamado de Naciones Unidas, las mujeres comenzaron a abandonar el penal. Según explicó Ezequiel Gómez, portavoz de la fiscalía de Chiapas, a The Associated Press, las estudiantes obtuvieron la libertad condicional tras comprometerse a no participar en nuevas manifestaciones ni protestas y a acudir a firmar a la prisión hasta que el juez resuelva si iniciar o no proceso con ellas. Lo mismo sucederá con los hombres el próximo martes.
Las estudiantes están acusadas de «robo con violencia, daños, motín, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial de la colectividad del Estado y pandillerismo», agregó el vocero.
El peor acto ejercido contra estudiantes de una normal fue en septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero cuando alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa tomaron varios autobuses en la localidad de Iguala para acudir a Ciudad de México a unas manifestaciones y fueron atacados por policías locales que luego desaparecieron a 43 estudiantes en complicidad con el crimen organizado y con autoridades de todos los niveles de gobierno.
