Samuel Flores
Además del rechazo de más de 200 organizaciones civiles en Guatemala, se suma la postura de diferentes sectores políticos de los Estados Unidos, la ONU, y naciones que contribuyen con financiamiento a proyectos de desarrollo ante la resolución de la actual Corte de Constitucionalidad, CC, de revocar el amparo a las reformas a la Ley de ONG.
Esta resolución era de esperarse pues la relación entre el presidente Alejandro Giammattei y la magistrada Leyla Lemus, viene desde 2006, cuando el mandatario era director del Sistema Penitenciario, precisamente el año que se registraron las ejecuciones extrajudiciales de Pavón, cuando fungía como director del Sistema Penitenciario. Estuvo acusado por este caso y guardó prisión.
Por su parte, el presidente de la CC que firmó la resolución: Roberto Molina Barreto, ex candidato vicepresidencial de Zury Ríos, y del partido VALOR, en las elecciones 2019, paga favores políticos. Molina Barreto fue electo en una ocasión por el desprestigiado Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, CANG, y, posteriormente, por magistrados que integran el pacto de corruptos en la Corte Suprema de Justicia.
En 2015, Molina Barreto votó como magistrado de la CC a favor de mantener a Otto Pérez Molina en el cargo como presidente, pese a que el MP y la CICIG dieron a conocer casos de corrupción que involucraron al binomio presidencial junto a Roxana Baldetti.
En 2016, participó como representante de la Asociación de Azucareros de Guatemala, AZASGUA, en las mesas de diálogo para las reformas constitucionales al sector justicia. Mantuvo una postura contraria al reconocimiento del Derecho Indígena.
La magistrada Dina Ochoa, reelecta por el continuismo del partido FCN-Vamos, desde el Congreso, fue nombrada por el ex presidente Jimmy Morales en 2016.
Como presidenta de la CC fue la única magistrada que votó en contra de suspender la decisión del presidente Morales de expulsar a la CICIG del país en 2019. Además, votó de manera disidente en un amparo solicitado para conocer el antejuicio contra el diputado Felipe Alejos, por el caso denominado “traficantes de influencias”, justificándose que no existían indicios suficientes de los delitos que le imputaban. Votó en contra de la resolución de la CC que impidió la candidatura presidencial de Zury Ríos por el partido Valor, en 2019.
Viajó a Estados Unidos junto al ex ministro de Gobernación Enrique Degenhart, a una reunión en la Casa Blanca para presionar a otros magistrados de la CC para que no se opusieran a la firma del acuerdo de Tercer País Seguro, firmado entre Guatemala y Estados Unidos.
No me opongo a los dotes profesionales de los magistrados indicados, sin embargo, considero que sus resoluciones evidencian el apoyo incondicional al oficialismo y favorecen la corrupción y la impunidad. Esta última resolución está plagada de inconstitucionalidades, viola el derecho de libre asociación, Libertad de Expresión, y lo peor es que autoriza a cualquier ministro de Gobernación represivo a suspender a una ONG que realiza labores de desarrollo en regiones donde el estado no llega.
