Víctor Ferrigno F.
El pasado 10 de mayo, el Vicepresidente Guillermo Castillo, pidió a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público investigar la evidencia relacionada con pruebas Covid-19 caducadas, y demandó al Consejo de Ministros reaccionar ante la contratación de familiares de la ministra de Educación, Claudia Ruíz, advirtiendo que “nada es para siempre”, y sentenció que “la factura llegará tarde o temprano”.
A esa prevención hay que agregar que, a los miembros del Gabinete, la factura les llegará acompañada de persecución penal, pues solapar delitos puede entrañar complicidad, cohecho, omisión de denuncia, incumplimiento de deberes y muchos ilícitos más.
La confrontación entre el Presidente y el Vicepresidente no cesa y ha ido subiendo de tono, pero no se vislumbra una salida política, por varias razones. En primer término, porque la correlación de fuerzas dentro del Gobierno favorece a Giammattei, quien exige incondicionalidad absoluta de sus subalternos.
En segundo lugar, al Vicepresidente Castillo le corresponde agarrar al toro por los cuernos, llamar a una cruzada nacional contra la corrupción y la impunidad, y establecer sana distancia de la mafia del poder. En su última comunicación se quejó que está muy solo en su gesta, pero tiene que establecer una alianza con la ciudadanía, en torno a un plan de lucha que nos permita recuperar un Estado que ha sido cooptado por el Pacto de Corruptos en todas las esferas.
Castillo tiene la oportunidad irrepetible de dejar de ser un funcionario relegado, y podría erguirse como estadista, encabezando, o al menos acuerpando, un movimiento ciudadano que, como el de 2015, defenestró constitucionalmente a Baldetti y a Otto Pérez Molina, cabecillas de la clica que entregó la institucionalidad pública y el erario nacional a una mafia compuesta por políticos corruptos, empresarios venales y militares genocidas, que ahora se ha fortalecido.
En tercer lugar, hace falta constituir el sujeto social del cambio, como el que se gestó en la Plaza, hace seis años. Hoy, la ciudadanía está aletargada, atemorizada por la pandemia y la recesión, pero acumulando descontento y frustración. Se necesita encender una luz al final del túnel y, sin lugar a dudas, reaccionará contra la escoria que nos despluma y nos desgobierna. Más que un caudillo, se requiere un planteamiento político-programático que trace un derrotero cierto para salir del lodazal en el que nos hemos atascado.
La coyuntura en el ámbito internacional ha cambiado significativamente. El Pacto de Corruptos perdió el respaldo que, mediante el lobby sionista, logró construir en Washington. Además, va en serio la propuesta del Presidente Biden de crear una fuerza de tarea regional anticorrupción, iniciativa que no está limitada a un plazo determinado, sino que buscará afianzar las condiciones de justicia y reforzar la lucha contra la corrupción y la impunidad en la región.
Además, EE.UU. advirtió que la iniciativa anticorrupción es una acción que implementará sin esperar la anuencia de los gobiernos de Centroamérica.
La ayuda de EE.UU. será crucial pero insuficiente en esta coyuntura, en la cual necesitamos revertir la correlación de fuerzas, articulando una multitudinaria alianza ciudadana, con un programa de lucha claro y de mediano plazo, que nos permita construir un país plurinacional, con justicia social, democracia plena, y libertad.
Desde las trincheras sociales estamos trabajando, organizando, articulando. Sabemos que nos llevará tiempo, pero tengan la certeza que la factura les llegará, más temprano que tarde, e irá acompañada de la respectiva denuncia penal. En el Mariscal Zavala se vean.
12 de mayo de 2021.
