Julio R. García-Merlos G.
Un año después del inicio de la pandemia y el país continúa rezagado.
Hace unos días, el presidente Alejandro Giammattei dio a conocer un nuevo paquete de restricciones derivado de la supuesta tercera ola del Covid-19 que afecta a Guatemala. Estas se aprobaron mediante el Decreto Gubernativo 4-2021 que determina nuevamente restricciones a libertades de reunión, manifestación e industria y comercio.
Quienes están al frente de este gobierno merecen una condecoración por su notable incompetencia. No pueden argumentar que les hizo falta tiempo o dinero, ya ha pasado más de un año desde el reporte del primer caso en Guatemala y unos meses adicionales desde que se tuvo noticia sobre la existencia del SARS COV 2 en el mundo, el tiempo ha sobrado; el año pasado el Congreso de la República aprobó ampliaciones presupuestarias que alcanzaron cifras record en nuestra era democrática y este año se aprobó de urgencia nacional una ley para la compra de vacunas contra el coronavirus que habilitó una readecuación presupuestaria de mil quinientos millones de quetzales en favor del Ministerio de Salud, plata también han tenido de sobra.
A pesar de esto, la administración actual ha sido incapaz de poder adquirir las vacunas necesarias y aplicarlas con la celeridad que se amerita en una sociedad que sufre a la vez las consecuencias de la crisis sanitaria y económica inducida por gobiernos que menosprecian las libertades y derechos fundamentales de sus ciudadanos. Este gobierno ha vuelto a la carga ante la mirada atónita y preocupada de miles de trabajadores de restaurantes, hoteles y lugares turísticos, quienes escucharon en cadena nacional como de un solo plumazo, el presidente puso en riesgo sus puestos de trabajo y el sustento para sus familias.
Todo esto es posible porque se hace uso de herramientas que brinda la actual Ley de Orden Público, una normativa desfasada porque fue aprobada en 1965 y que debe ser revisada con urgencia para que no se siga utilizando para restringir derechos de mucha relevancia sin la aprobación del Congreso, sin la necesidad de alcanzar un acuerdo con la oposición política.
En lugar de las vacunas contra el coronavirus, este gobierno acostumbrado a gobernar con estados de excepción afronta nuevamente el problema con una dosis de autoritarismo. Ante la inseguridad que se vive en el país, la respuesta primigenia de este gobierno fue decretar estados de excepción en municipios que no se caracterizaban por puntear en los índices de violencia; ante el problema de las caravanas migrantes que salen desde Honduras, la respuesta fue la misma, restringir derechos en todo el oriente de Guatemala; y ahora, ante la falta de vacunas y el repunte en los casos de Covid-19 a nivel nacional, el gobierno vuelve con una jeringa cargada de autoritarismo.
A estas alturas del partido, el plan de vacunación debería ir viento en popa y la capacidad hospitalaria del sistema de salud pública debería haber incrementado considerablemente. Por el contrario, estamos endeudados, sin vacunas, sin camas en los hospitales y con las libertades coartadas. Pobre el papel de este gobierno, no tiene legitimidad para afectar de nuevo a miles de ciudadanos decentes que buscan llevar sustento a sus hogares.
