Por Karen Quintanilla
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En conferencia de prensa, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), se refirió al Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor (PAM), en donde mencionaron que, la estricción presupuestaria, limitaciones normativas, falta de personal y equipo informático desactualizado son algunos de los principales obstáculos identificados por la administración actual para la efectiva implementación del Programa.
Además, Rafael Rodríguez, titular de la cartera, informó que encontraron casos de registro tardío en el Registro Nacional de Personas (Renap) de beneficiados fallecidos.
De acuerdo con la información, entre el 2009 y el 2021, se identificaron 5,217 beneficiarios que se encuentran como fallecidos, de los cuales continuaron cobrando la ayuda económica posterior al deceso.
Según explicaron, el monto total defraudado es de Q3,174,680. En tal sentido indicaron que, durante la historia del Programa se han presentado 21 denuncias ante el Ministerio Público (MP) de casos en los que se han identificado cobros indebidos, 9 de ellas fueron presentadas durante esta administración.
Del 2009 al 2021, 5,174 beneficiarios difuntos siguieron cobrando la pensión económica, dando un total de Q3,156,280 defraudados.
UNO DE LOS HALLAZGOS
El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Rodríguez, explicó que el PAM funciona desde el 2007 hasta la fecha, destinando Q400 mensuales a personas mayores de 65 años; sin embargo, señala que se registran con retraso los beneficiarios fallecidos.
Como en el caso de Héctor Alfonso López Ramírez, del Caserío, Las Vegas, Aldea San José La Paz, Tajumulco, San Marcos, quien falleció el 14 de septiembre del 2017, fue registrado ante Renap hasta el 15 de octubre del 2020 y dado de baja en el PAM hasta el 31 de octubre del mismo año, pasando 1,143 días desde su deceso hasta que fue dado de baja en el programa.
Los departamentos que reportan más casos de esta índole son Alta Verapaz con 495, Petén con 375 y Baja Verapaz con 301 cobros de fondos de personas ya fallecidas.
Hasta la fecha, se han presentado solamente 21 denuncias ante el Ministerio Público (MP), de casos identificados por cobros indebidos, 9 de ellas fueron presentadas durante la administración actual.
SOBRE EL PROGRAMA
Rodríguez señaló que PAM ha entregado Q5,876.71 millones en beneficio de 191,789 personas en total, sin embargo, actualmente se encuentran 108,336 beneficiarios activos, de los cuales 30,255 sufren algún tipo de enfermedad, tales como artritis, reumatismo, diabetes, enfermedades respiratorias y/o cardiovasculares; y 7,589 tienen una discapacidad. Además, al menos 5,958 favorecidos, padecen ambas condiciones.
Sin embargo, enfatizó en que actualmente los beneficiarios son más del área urbana que rural y porcentualmente son más ladinos que indígenas, así mismo, explicó que los municipios con los indicadores más elevados de precariedad social y económica no han sido beneficiados, en proporción al número de adultos mayores en situación de pobreza extrema, «se le ha dado prioridad a la accesibilidad», añadió.
Además, indicó que 74 de los 340 municipios del país concentran el 50% de los beneficios económicos del PAM, principalmente el departamento de Guatemala, seguido de Petén, Chimaltenango, Escuintla, Jutiapa, Huehuetenango, San Marcos y Alta Verapaz; y el otro 50% es distribuido en los 14 departamentos restantes.
TIEMPO DE RESPUESTA
Uno de los factores preocupantes para el Ministerio de Trabajo son los «exagerados» tiempos de respuesta del programa a las solicitudes, que en promedio tienen una espera de 3 años, 3 meses y 20 días.
Sin embargo, existen esperas extremas, como en el caso de Catalino Tello, de Uspantán, Quiché, quien esperó 14 años, 7 meses y 6 días para recibir el beneficio, pero también hay casos donde la espera es corta, como el caso de César Augusto Colindres Cabrera, de Fraijanes, Guatemala, que esperó únicamente 4 días; a esto se puede señalar que podría intervenir su ubicación geográfica para obtener una respuesta pronta.
Sin embargo, al menos 25,049 adultos mayores han esperado entre 5 y 10 años; y 3,895 personas aguardaban más de 10 años para obtener respuesta a sus solicitudes, esto podría deberse a la falta de personal encargado del programa, indicaron.
ACCIONES NECESARIAS
Rodríguez indicó que es indispensable reformar la Ley del Adulto Mayor, decreto 85-2005, para incrementar el porcentaje de presupuesto designado al funcionamiento y lograr así superar muchos de los obstáculos para hacer eficiente el programa.
Además, explicó que se espera lograr pasar este programa al Ministerio de Desarrollo Social, que es el más adecuado para administrarlo.
