Walter Juárez Estrada
Antes del 14 de abril, se tienen que despejar las dudas sobre el futuro de los magistrados electos a la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras Escobar y Néster Vásquez Pimentel, resolverse las impugnaciones sobre su elección, pues les imputan hechos que hasta ahora no han sido resueltos, abriéndose un episodio dudoso en torno al decreto que emitió el Congreso para la juramentación de los otros magistrados, titulares y suplentes.
A Porras Escobar se le sindica a igual que a su colega Juan Francisco de Mata Vela, de haber violado la Constitución al prohibir que el expresidente Jimmy Morales, expulsara a un diplomático europeo al declarar con lugar la acción de la exCICIG y a Vásquez Pimentel, al imputarle la FECI no ser idóneo, pues como magistrado de la Corte Suprema de Justicia influyó en las comisiones paralelas para la designación de los futuros magistrados para las altas Cortes y se impugnó en el Colegio de Abogados su designación, hecho que no ha sido resuelto.
Se asegura por versados en temas jurídico-constitucionales, que el caso de Porras y Vásquez Pimentel, es similar con el del exjuez Mynor Moto Morataya, electo por el mismo Colegio, que no tomo posesión en la CC. por tener abiertas acciones penales y por consiguiente, toda vez los nuevos magistrados, no resuelvan las acciones que se les involucra, no pueden ser juramentados, mucho menos asumir las magistraturas.
Nunca en la historia jurídico-política del país se había presentado un enredo legal en el máximo tribunal Constitucional, que ha dado lugar que el nuevo gobierno norteamericano, senadores, diputados y grupos demanden del triángulo norte Honduras, El Salvador y Guatemala, se encause por un derrotero diferente, que se le de a la Corte de Constitucional, el rol que dice la Constitución, que sea garante absoluto de la defensa de la Constitución, sin involucrarse en acciones políticas y que sectores corruptos encuadren sus acciones a lo que dicen las normas y no se presten a cosas espurias, mucho menos con narcos, que ha sido el sucio papel que en los últimos años han tendido en vilo a la comunidad internacional que demanda transparencia plena en los gobiernos.
Porras por tercera ocasión ocupara la magistratura del alto tribunal y fue electa en un proceso viciado a igual como ocurrió con los otros magistrados de los poderes del estado, al no ser transparente y elegir a los menos idóneos, con vinculación política como Roberto Molina Barreto elegido por la CSJ y José Luis Rosales Marroquín, ligado a la frustrada aspirante presidencial Zury Ríos, por su militancia política.
Las dudas si Porras y Vásquez Pimentel, tomaran posesión en la fecha que dice la Constitución, quedara despejada al acelerarse las acciones en su contra y se demuestre la culpabilidad o inocencia de los relacionados. Se duda si la futura Corte de Constitucionalidad, tendrá el valor para no dejarse manosear por los sectores poderosos; el pueblo esta vigilante de sus acciones, pues de lo contrario pueden venir protestas populares.
