Por AMY TAXIN, JEFF ROBERSON y MARCOS ALEMÁN
SPRINGDALE, Arkansas, EE.UU.
Agencia (AP)
Irma Chávez cría cuatro hijos con su esposo y dirige una red de contactos comerciales en Springdale, una pequeña ciudad de Arkansas donde hizo su vida. Lejos quedó su época como empleada doméstica en California hace años, y más todavía su infancia trabajando en los cafetales de El Salvador.
Lo que marcó para siempre a esta mujer de 44 años es un programa gubernamental que permite que ciudadanos de países golpeados por desastres naturales y guerras vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos. Aunque el gobierno del expresidente Donald Trump trató de cancelarlo para muchos de los inmigrantes, su sucesor, Joe Biden, respalda una legislación que daría a Chávez y a cientos de miles de personas en su situación la oportunidad de ser ciudadanos estadounidenses.
Esto representa un cambio radical con respecto a la situación de hace seis meses, cuando un tribunal otorgó al gobierno de Trump el derecho a suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cuatro países, avivando el temor a la deportación entre muchos de los 411.000 beneficiarios del programa, la mitad de ellos salvadoreños.
Ahora, estos inmigrantes depositan sus esperanzas en el Senado, luego de que la Cámara de Representantes aprobó un amplio proyecto de ley que les permite considerar a Estados Unidos su hogar permanente. La legislación, que enfrenta una perspectiva incierta, ofrecería una vía para que un estimado de 11 millones de personas que trabajan en el país sin la documentación adecuada obtengan la ciudadanía en un plazo de ocho años, y facilitaría aún más el proceso para los migrantes que entraron al país de niños y para los beneficiarios del TPS.
Para Chávez, que lleva dos décadas renovando su estatus temporal, la legislación podría terminar con su miedo a la deportación. Además le permitiría viajar con más facilidad para visitar a su madre y a su hermana en su humilde ciudad natal en El Salvador.
«Realmente, esperamos que todo cambie a nuestro favor ahora», señaló Chávez. «Somos buenas personas. Trabajamos y pagamos impuestos».
Aunque es temporal, las autoridades estadounidenses pueden renovar la iniciativa, como ha ocurrido repetidamente. Si en algo están de acuerdo partidarios y detractores es en que una medida temporal no debería durar décadas.
El año pasado, el programa del Departamento de Seguridad Nacional se aplicaba a 10 naciones. El gobierno de Biden, que ha aliviado algunas de las duras políticas migratorias de su predecesor y enfrenta un repunte en la llegada de migrantes a la frontera, añadió recientemente dos más: Myanmar y Venezuela.
El Salvador entró en la iniciativa luego de un sismo en 2001. Muchos le escaparon a una guerra civil, llevan décadas viviendo en Estados Unidos y no planean regresar a un país del que cada año se marchan miles de personas en busca de estabilidad económica y de seguridad lejos de las pandillas.
Darles la posibilidad de quedarse podría animar a muchos de estos migrantes a comprar casas e invertir en negocios en comunidades estadounidenses que aún se están recuperando de la pandemia del coronavirus, explicó Manuel Orozco, director del Centro para la Migración y la Estabilización Económica de la organización Creative Associates International.
«Es lo lógico porque son estadounidenses de hecho», señaló Orozco. «Definitivamente, esto creará mejores condiciones no solo para que se integren sino también para que fortalezcan sus raíces económicas, mejorando la economía».
A las afueras de la ciudad salvadoreña de Santa Ana, la hermana de Chávez, Iris Franco, tiene una panadería en su casa y reparte el pan en bicicleta. El negocio les da de comer a ella y a sus cuatro hijos, de los cuales el mayor, el primero de la familia que va a la universidad, estudia medicina.
Eso ya es un gran cambio. Ni ella ni su hermana mayor terminaron la secundaria. Las dos trabajaron de niñas mientras su madre, que vivía en una casa de adobe, vendía tamales para sobrevivir.
En 1994, la familia aceptó a regañadientes que Chávez pusiese rumbo al norte con la ayuda de coyotes para quedarse con unos parientes en Los Ángeles y trabajar allí por tres años. Al principio limpió una casa y luego pasó a trabajar por las noches en una gasolinera.
Chávez terminó quedándose porque se casó y tuvo hijos, pero siguió enviando dinero a casa. Al obtener el TPS, consiguió mejores empleos en tiendas y restaurantes, se mudó a Oklahoma y más tarde a Arkansas, y llegó a trabajar en el despacho de un quiropráctico.
Franco, de 41 años, contó que la familia lleva una vida humilde en El Salvador, que es mejor gracias a la ayuda de su hermana. Las remesas de Chávez ayudan a pagar la medicación para la diabetes de su madre y permitió a Franco reconstruir su casa tras una inundación.
«Nos cambió la vida porque sabíamos que tenía a mi hermana allí. En lo que ha podido nos ha ayudado», dijo Franco. «Siempre ha estado pendiente con nosotros».
El Salvador, que tiene 6,5 millones de habitantes, depende desde hace mucho de las remesas que envían los emigrantes, que totalizaron 6.000 millones de dólares el año pasado. Las personas con TPS generalmente pueden conseguir mejores empleos que los inmigrantes que no tienen sus papeles en orden y enviar más dinero a sus familias, según Jesse Acevedo, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Denver que estudia las migraciones internacionales.
Pero emigrar también tiene un costo. Franco recuerda a su hermana llorando cuando su madre enfermó y ella no podía estar allí, y por las muchas celebraciones del Día de la Madre que se ha perdido.
Con la tecnología moderna, las hermanas pueden enviarse mensajes a diario y hablan varias veces a la semana. Finalmente pudieron verse hace cuatro años, luego de que Chávez presentó al gobierno de Estados Unidos la documentación para viajar a El Salvador. Sorprendió a su madre, Elsa Victorina Franco, en el aeropuerto, conoció a sus sobrinos y prometió hacer lo posible para que la mayor estudiase medicina.
Chávez temía no ser admitida a su regreso a Estados Unidos. La readmisión de las personas con TPS queda a criterio del personal de inmigración, que la autorizó a entrar nuevamente al país.
«Cuando le fuimos a dejar (al aeropuerto), ella me dijo: ‘mamá, ore para que no me detengan'», contó su madre. «Dios nos ha contestado esa petición».
En Arkansas, Chávez cría a sus dos hijos pequeños con su esposo, un brasileño que trabaja como cocinero en un conocido restaurante. Todas las mañanas lleva a los niños a la escuela y después regresa a casa para trabajar y hacer llamadas con Zoom. Lidera una iniciativa de contactos comerciales que espera derive en la primera cámara de comercio latina de Springdale.
Su esposo ayuda a los niños con sus tareas escolares y ella se encarga de cocinar. Su hijo mayor se casará este año, y el siguiente trabaja como repartidor. Ambos son de un matrimonio anterior.
Chávez llegó a Estados Unidos de adolescente y estuvo con familiares en Los Ángeles hasta que se fue a vivir con una familia que la contrató como empleada doméstica. Aprendió inglés con los niños que cuidaba. Después de casarse y tener hijos, trabajó de noche en una gasolinera.
No tenía licencia de conducir, cuenta bancaria ni número de Seguro Social. Sus beneficios médicos eran limitados y temía ser deportada.
Todo cambió cuando recibió el TPS. Pudo trabajar en tiendas y restaurantes. Se mudó primero a Oklahoma y luego a Arkansas, hasta que fue empleada por un quiropráctico al que le lleva clientes hispanos y le hace de traductora.
A su regreso de El Salvador, Chávez decidió que quería hacer algo más para ayudar a su gente. Ella y su hermana pusieron en marcha una organización sin fines de lucro enfocada en niños de su barrio en El Salvador, a los que les envía mochilas y artículos escolares y les ofrece regalos y una fiesta para la Navidad.
Chávez, quien renovaba su TPS cada 18 meses, fue estremecida cuando el gobierno de Trump dijo que dejaría a varios países, incluido El Salvador, afuera del TPS.
«Aprendí mucho de eso», señaló. «Que no estamos seguros en este país si no tenemos la ciudadanía».
Los salvadoreños se unieron a inmigrantes de Haití, Nicaragua y Sudán, los otros afectados por la decisión del gobierno de Trump sobre el TPS, y acudieron a los tribunales para tratar de frenar la medida, al tiempo que gestionaron ante el Congreso una solución más permanente. En diciembre, el gobierno acordó extender el beneficio mientras el proceso legal sigue su rumbo.
La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca tranquilizó un podo a Chávez y los demás beneficiarios del TPS, pero eso no garantiza que podrá hacer su vida en Estados Unidos. Debe renovar su TPS periódicamente y su licencia de conducir. No puede viajar libremente a El Salvador ni traer a su anciana madre.
«No conoce a sus nietos», se lamentó.
El TPS tampoco resuelve sus problemas migratorios. Su esposo, que es ciudadano estadounidense, la ha patrocinado para conseguir la tarjeta de residencia permanente, o green card, pero necesita una orden judicial migratoria previa para poder solicitarla.
El proyecto de ley del Congreso podría cambiar esto, dándole la garantía de que nunca será separada de sus hijos.
«De haber una amnistía o residencia para todos los TPSianos, automáticamente entro», manifestó. «Siempre quedo protegida de la deportación. Eso afecta mucho».
