Jorge Morales Toj
Los pueblos indígenas que cohabitan en Guatemala, han tenido continuidad histórica en sus territorios durante siglos. Este es el caso de la comunidad indígena maya Poqomchi’ de La Campana del municipio de Chicamán, departamento del Quiché, quienes tienen más de ciento sesenta años de habitar el territorio de las riveras del Rio Chixoy, en la parte de Quiché.
La comunidad La Campana, desde 1966, inició trámites ante el INTA que le adjudicaran legalmente las tierras que tenían en posesión. . En un estudio registral que realizó una entidad imparcial, se establece: “Históricamente, las familias de la comunidad La Campana han tenido en posesión física, uso y aprovechamiento de las tierras que comprende la Finca La Campana. Situación que les valió y cumplidos los procesos de ley, el gobierno de turno en 1982, otorgó a 31 familias de la comunidad La Campana, la adjudicación de dichas tierras en Calidad de Patrimonio Agrario Colectivo, por Acuerdo Gubernativo No. 33-82 de fecha 17 de diciembre de 1982, sobre la extensión de 27 caballerías 42 has., 17 as., y 23.74 cas, área que resulto de la medida legal practicada sobre la finca”. Importante decir que la Comunidad le pagó la tierras al INTA en aquellos años.
Los derechos de posesión y propiedad de sus tierras que históricamente les pertenecen fueron violados y conculcados por el Instituto Nacional de Electrificación en el año 1976, cuando fuerzas militares del Ejército de Guatemala comenzaron a ocupar sus tierras productivas y sagradas y los desalojaron de forma violenta y de manera ilegal. El INDE apoyados por fuerzas militares y en la época más sangrienta de Guatemala despojo de más de 2 caballerías de tierra a la comunidad maya Poqomchi’ de la Campana. Ubicaron un destacamento directamente en las tierras de la Comunidad y le llamaron el Polvorín, porque las fuerzas militares ahí resguardaron todo los explosivos que los señores del INDE utilizaron en la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.
En la actualidad las autoridades ancestrales, comité de tierras que han liderado la defensa de la tierra ante el despojo del INDE por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, están siendo criminalizados y perseguidos penalmente. El INDE está instrumentalizando el derecho penal, para llevar a la cárcel a los líderes comunitarios para sus acallar las demandas de reparación integral de la Comunidad La Campana de Chicamán el Quiché.
Hace algunos años, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya, señaló: “su preocupación por los distintos procesos judiciales abiertos en contra de miembros de comunidades indígenas por actos de protesta social contra las actividades de las empresas. Destaca la celeridad con que estos procesos son gestionados ante la aparente falta de respuesta ante las demandas presentadas por las comunidades en relación con actos atentatorios de sus derechos, en lo que puede interpretarse como una pauta de discriminación en el acceso a la justicia”.
El Estado de Guatemala tiene una deuda histórica con la comunidad la Campana de Chicamán, El Quiché, y debe reparar los daños causados. Criminalizando a los líderes y llevarlos a la cárcel agudiza la conflictividad social en Guatemala.
