Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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Argumentando siempre debe haber pesos y contrapesos, algunos dicen que el Congreso sí puede y debe conocer el antejuicio, por demás espurio, planteado contra magistrados de la CC por la Asociación de “Dignatarios” de la Nación, esos que indignamente recibieron enorme cantidad de pisto del mismo Congreso. La verdad es que todo está muy claro porque la ley establece que los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad “no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”, norma que nadie se sacó de la manga porque casi literal se aplica en España y en casi todos los países del mundo pues la justicia no puede tener “contrapeso” político.

Imaginemos a dónde iría a parar la justicia si una aplanadora legislativa en cualquier lugar del mundo puede mandar a la cárcel a los juzgadores que resuelven en contra de sus intereses, sobre todo en temas como el mismo Amparo que es un instrumento de control al ejercicio del poder para garantizar la plena vigencia de los derechos consignados en la Constitución. Cualquier resolución en la que se dejara sin efecto una decisión política sería revertida por la remoción de los juzgadores y llama la atención que muchos de los que hoy claman por el trámite de ese antejuicio son herederos de los que, con toda razón, protestaron cuando el gobierno de Árbenz removió a la Corte Suprema de Justicia por haberle dado trámite a un Amparo relacionado con la Ley de Reforma Agraria.

Por supuesto que en ese entonces fue un abuso imperdonable haber removido a la CSJ que presidía don Arturo Herbruger, en tiempos en los que gente de su talla integraba ese alto tribunal. Y la protesta ciudadana fue justificada, aunque quedó apabullada por el peso político de un Presidente que no daría marcha atrás en el proyecto que era el centro de todo su plan de gobierno. Pues cabalmente el “peso político” de un Congreso, donde se conforman mayorías a cambio de negociaciones sobre el presupuesto que incluyen hasta el reparto del Listado Geográfico de Obras, no puede ser el contrapeso de la justicia. Ni aquí ni en cualquier lugar del mundo.

En otros países las mayorías parlamentarias son producto de alianzas entre partidos de la misma ideología o por determinada conveniencia nacional en un momento dado. Pero aquí las mayorías, desde antes de Serrano, se arman con sobres llenos de billetes que se reparten bajo la mesa no sólo para armar la aplanadora sino también cada vez que se tiene que votar sobre algo decisivo. Y resulta burdo que haya ignorantes pensando que ese tipo de Congreso puede ser el contrapeso de la justicia para tener un sistema de balance en el ejercicio del poder. El único contrapeso que tiene la justicia es la misma ley y para eso existen las instancias debidas, siendo la última, el último contrapeso, la Corte de Constitucionalidad.

No creo que esos tontos puedan creer que en Estados Unidos el Congreso se atrevería a mandar a juicio a un miembro de la Corte Suprema simplemente porque no les gusta un fallo, sea sobre el aborto o cualquier tópico polémico que se les ocurra. Pues mucho menos puede ocurrir en un país donde se arman alianzas oficialistas a punta de billete y de corrupción.

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