Jonathan Menkos
Recientemente, el congresista estadounidense, Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, aseguró ante diferentes medios de comunicación que el incremento de migrantes que tocan la puerta en la frontera sur es resultado de las políticas impulsadas por la actual administración Biden. Entre enero y febrero de 2021 fueron arrestadas en esta frontera, 32,144 personas guatemaltecas. En 2019, durante la administración Trump, que tanto odio prodigó a los migrantes, la Patrulla Fronteriza arrestó, en ese mismo período de tiempo, a 43,228 guatemaltecos.
La migración de guatemaltecos, como la de la mayoría de ciudadanos del tercer mundo, está muy poco relacionada con el discurso de los mandatarios estadounidenses y mucho con fenómenos y hechos concretos que se manifiestan en sus lugares de origen. En el caso de Guatemala, bien vale recordar las principales razones que explican por qué tantas personas están dispuestas a someterse a la violencia que revisten los caminos para llegar a Estados Unidos.
Primero, un mercado de trabajo que no garantiza la distribución del ingreso nacional ni los derechos de los trabajadores. La más reciente Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -realizada del 16 de noviembre al 13 de diciembre de 2019, antes de la crisis económica y sanitaria relacionada con el Covid-19- revela cerca de un 65.3% de la población ocupada solamente ha logrado insertarse al mercado laboral en condiciones de informalidad. Asimismo, el ingreso promedio mensual que procede del trabajo asalariado e independiente, del ochenta por ciento de la población con menos recursos oscila entre Q407.00 y Q2,857.00 mensuales, muy lejos del costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), que en diciembre de 2019 costaba Q3,584.91 mensuales para una familia de 4.77 miembros; mientras la Canasta Ampliada (CA), para el mismo mes, tenía un costo de Q8,277.33 mensuales para una familia similar.
Segundo, la provisión de bienes y servicios públicos es insuficiente para eliminar la pobreza y disminuir la desigualdad social. Tanto el diseño de las políticas públicas como la débil cuando no dolosa capacidad de gestión pública impiden su cobertura y calidad. De ahí que uno de cada dos niños menores de cinco años padezca desnutrición crónica; más de un millón y medio de niños, niñas y adolescentes están fuera de la escuela; según estimaciones del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, en 2020 la pobreza general pudo haber alcanzado al 65.4% de la población, unas 9.7 millones de personas. Relacionado con esta debilidad se encuentra la baja recaudación tributaria que sumó en 2020 a penas Q60,279.4 millones (10.1% del PIB), una de las tres más bajas del mundo, mientras la evasión de impuestos, según datos oficiales supera los Q40.0 millardos anuales y los privilegios fiscales injustificados suman otros Q14.9 millardos. Todo indica que el Estado no cumplirá con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tercero, la corrupción descarada que cotidianamente debilita la legitimidad de la administración pública y sirve para alcanzar alianzas entre empresarios tramposos, políticos y funcionarios sinvergüenzas, militares que operan para el crimen organizado y narcotraficantes. Basta ver los bolsones en el presupuesto público que el gobierno actual ha dejado para adquirir seguros privados de salud, construir carreteras que paguen compromisos de campaña, comprar alcaldes y adquirir aviones para que jueguen en el ejército.
El cinismo del presidente Giammattei es tal que con las mismas manos que dio el pésame a los familiares de los migrantes asesinados recientemente en Tamaulipas, prostituye el poder público y empuja a migrar a otros desesperados por este modelo infortunadamente exitoso para la exclusión, la impunidad y el saqueo.
Razones para migrar, para irse sin voltear a ver hacia atrás, hay muchas y para muchos.
