Walter Juárez Estrada
Por más de un año el Congreso, irresponsablemente obedeciendo interés espurios ha retrasado mañosamente la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y otros cuerpos colegiados, desacatando las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, que ordenó que el voto sea razonado y de viva voz, ocasionando desorden en el Organismo Judicial en la sustanciación de los procesos y una marcada mora judicial que por años ha dañado a litigantes y usuarios.
El pacto de corruptos del Congreso, ha funcionado a toda máquina. Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la nación. En las últimas legislaturas varios de los legisladores, incluyendo presidentes del organismo y diputados, han empañado su accionar político por actos espurios. Los magistrados del Organismo Judicial el 13 de octubre de 2019, cumplieron los 5 años que regula la Constitución. Por el sucio manipuleo en las comisiones de postulación, cuyos autores principales han sido el operador político Gustavo Alejos, de la mano del exrector Stuardo Barrios, que enfrenta procesos, se accionó en la CC. que ordenó a los altos jueces, seguir en sus cargos, que el Legislativo procediera a la elección.
El tiempo ha sido el mejor testigo de la irresponsabilidad de los diputados que con la torpeza de la junta directiva, el evento se ha venido retrasando ilegalmente lo que ha obligado a sectores de la sociedad civil a accionar para que se realice la elección que puede llevar años; cada diputado debe hacerlo como lo ordenó la CC. Los legisladores han recurrido a sucias acciones para prolongar la elección, hecho que es ilegal y espurio y precopa que el MP sea un simple espectador y no promueva denuncias por incumplimiento de deberes contra los representantes que mañosamente no proceden a la elección.
Para no sesionar han puesto como pretexto las manifestaciones porque su vida estaría en peligro arguyen, pero si han cobrado su salario sin trabajar, que es ilegal. El pueblo ya no puede seguir soportando a diputados que desacatan las decisiones judiciales. Están exentos de ésta censura, los legisladores que dicen que dicen ser de la oposición. Por ninguna razón debe el pueblo soportar esta afrenta que colisiona con la exigencia de los guatemaltecos que demandan un cambio total de las estructuras del Estado, donde el presidente Giammattei ha pactado con diputados vinculados a narcos, como quedó demostrado con la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, un proceso viciado y poco transparente como lo señaló el vicepresidente Castillo, que cuestionó al mandatario por sus decisiones dictatoriales e impositivas a sus ministros, al nombrar a dedo a Leyla Lemus, su secretaria General, como magistrada de la CC.
Hasta ahora el pueblo se ha mantenido aparentemente pasivo, pero puede despertar y las consecuencias pueden ser graves y Giammattei debe dar el ejemplo y cumplir con sus promesas de campaña y alejarse de grupos corruptos como Sandra Torres que ahora con los diputados de la UCN de Mario Estrada, condenado en los EE. UU. por narco son sus principales aliados, que ha generado malestar.
