David Barrientos
Guatemala se encuentra inmersa en un ambiente de inseguridad ciudadana generalizada, como uno de los problemas en crecimiento derivados de: crisis de desintegración familiar, educación pública de baja calidad, desempleo, corrupción, impunidad, fracaso de la justicia, cárceles como escuelas de criminalidad, en general por la descomposición social que nos conduce al mantenimiento de una cultura de violencia. Los recursos que dispone el Estado son limitados, la Policía Nacional Civil no es suficiente para atender la demanda de seguridad ciudadana, sobre todo si su crecimiento es cuantitativo en lugar de cualitativo y su accionar no responde a una doctrina policial bien definida. Otro aspecto para considerar es que el Ejército se ha retirado del apoyo que brindo a la seguridad pública de manera prolongada como una contribución significativa, pese a que su naturaleza no es resguardo de la seguridad ciudadana si no en casos especiales.
Recurrimos entonces a la seguridad privada: un servicio para proteger de delitos daños y riesgos a sus clientes, un necesario soporte para enfrentar la inseguridad y aunque no se les puede atribuir la potestad de la seguridad pública ya que esta es deber del Estado, si merece la debida atención; estos aparatos privados cumplen funciones en ámbitos de acceso público, al grado que para la industria, la banca y el comercio entre otros, se ha convertido en indispensable acompañamiento, con impacto no solo en la seguridad publica sino también en la economía nacional. También esta industria ha tenido una tasa de crecimiento que la ha convertido en un empleador importante, hoy hay registrados aproximadamente cuarenta mil agentes de seguridad privada, más los no registrados, con los cuales convivimos a diario.
La importancia de una regulación adecuada y estandarizada para estos aparatos privados de seguridad radica en el bien común: los ciudadanos debemos estar seguros que los agentes privados de seguridad están capacitados adecuadamente y no representa un riesgo su presencia armada. Un buen ejemplo del beneficio de la aplicación de la ley que regula el tema es que los incidentes en que se ven involucrados los agentes de seguridad privada solo el cinco por ciento de estos hechos han sido de agentes debidamente acreditados. Por lo que es de suma importancia que los usuarios de estas empresas verifiquen que sus oferentes cumplan con la legislación guatemalteca, no solo con la ley de servicios de seguridad privada, también existen denuncias en tribunales de violaciones a las leyes laborales en contra de policías privados. No debemos olvidar que los agentes son guatemaltecos con derechos y obligaciones consignados en la legislación vigente.
La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, DIGESP es dependencia del Ministerio de Gobernación; que tiene la iniciativa estatal para que los guatemaltecos tengamos nuestros espacios de afluencia seguros, no solo del bien físico sino de las personas a su alrededor, es responsable de regular imparcial y equitativamente a los prestadores del servicio de acuerdo con las normas vigentes. Siendo además necesaria la actualización de las mismas normas, direccionándolas hacia el beneficio ciudadano y facilitación a la empresa que contribuye a la seguridad de los guatemaltecos.
