Jonathan Menkos
La Alianza Criminal, ese grupo que ostenta una buena parte del poder público y privado, continúa buscando las formas más exitosas para profundizar la captura del Estado guatemalteco con el fin de aumentar sus ganancias monetarias, mantener en la impunidad sus actos —pasados, presentes y futuros— y aumentar sus cuotas de poder.
La Alianza Criminal guatemalteca tiene poco de innovadora. No hace falta ir muy lejos para reconocer que se comporta como sus similares en Honduras y Nicaragua, países en donde el deterioro de la institucionalidad democrática está un poco más adelantado: financiamiento ilegal de partidos políticos; prostitución del sistema de seguridad y aumento de presupuesto destinado al ejército para cuando llegue el tiempo de reprimir; compra o asfixia de medios de comunicación, eliminación de fronteras entre las actividades lícitas e ilícitas; promoción de amnistías y privilegios fiscales para los aliados, entre otros.
En la parte final del proceso de captura del Estado en Honduras y Nicaragua, estuvo el secuestro de su Corte de Constitucionalidad con lo cual esta alianza de criminales se aseguró que, en el mediano plazo, no habrá un retorno a condiciones democráticas que les obliguen a ceder privilegios o compartir el poder. Se garantizan así elecciones fraudulentas, reelecciones presidenciales otrora prohibidas por la Constitución y la eliminación de derechos políticos, económicos, sociales y culturales, dejando claro que lo que está en juego no es solamente la utilización honrada de los recursos públicos, la legitimidad del poder público y su capacidad de generar bienestar, sino las débiles bases de la democracia misma.
La Alianza Criminal guatemalteca puede no ser innovadora, pero sí es mucho más ágil que sus similares en Honduras y Nicaragua, pues en cinco años ha logrado lo que a la hondureña le tomó ocho y a la nicaragüense once. Esta rápida metástasis de corrupción se puede explicar por cuatro razones. Primero, un modelo económico y social que mantiene a la mayoría de la población precarizada y sometida a la incertidumbre de lo cotidiano, con el fin de mantenerla ocupada en su sobrevivencia y no en la democracia. Segundo, una élite empresarial codiciosa que, con tal de ganar unos centavos extra, lo mismo convierten en estrella a Micheletti (golpista hondureño) que van a Managua a invitar a Ortega para que visite Guatemala o se asocian al narco y explotan juntos los recursos naturales. Tercero, partidos políticos que en su mayoría están al servicio del mejor postor. Finalmente, un ambiente internacional distraído cuando no promotor de la corrupción y el autoritarismo.
La situación que atraviesa en este momento Guatemala obliga a pensar que la mayor oportunidad para acabar con la Alianza Criminal requiere del concurso de los países amigos y, en particular, de lo que estos puedan hacer para que los corruptos no tengan oportunidad de hacer negocios y deban rendir cuentas antes la justicia. El autoritarismo creciente y la corrupción pujante no se evitarán quitándole la visa estadounidense a una élite, económica y política, corrupta que hoy opera sin complejos. Habrá que tocarles la billetera: barreras no arancelarias a la exportación de las empresas vinculadas con actos de corrupción y evasión de impuestos; congelamiento de cuentas para quien coopere o sea socio declarado de la Alianza Criminal; cero acceso a financiamiento externo a gobiernos que no pongan en práctica una agenda exitosa contra la corrupción y la impunidad. Con el apoyo internacional también habrá que llevarlos ante la justicia: Juan Orlando Hernández, el narco jefe de Estado de Honduras, probablemente será el primero de una larga lista, que incluirá guatemaltecos, con la que se pondrá fin a este ciclo centroamericano de alianzas criminales.
