Autores Raúl Molina-Mejía
Por todas partes vemos que la toma de decisiones está secuestrada por personas corruptas, que no piensan en el bien común y que ponen las instituciones y entidades al servicio de su provecho personal o de grupúsculos mafiosos. Tras la firma de los Acuerdos de Paz, hemos pasado de dictaduras militares a tres dictaduras de la corrupción, en palabras de la Iglesia Católica, en las cuales la institucionalidad se ha podrido. La designación de magistrada(o)s a la Corte de Constitucionalidad (CC) nos ha desnudado ante la sociedad civil y la comunidad internacional: se nos ve como el Estado más fallido de una región que, en general, ha perdido el rumbo de la ética. Comenzando con la decisión que ha de tomar el Poder Ejecutivo –presidente en Consejo de Ministros– se teme una decisión unilateral y arbitraria, a favor de personas corruptas, aplaudida por incondicionales servidores; el presidente no quiso dar ejemplo de transparencia y honestidad, pese a petición vicepresidencial. El Congreso de la República, que debería actuar como representativo del Pueblo, responde mayoritariamente a los designios de criminales, delincuentes y corruptos, que quieren una CC que valide su atraco del Estado. Ya seleccionó a una dupla representativa de los más oscuros intereses del sistema de injusticia en el país, aunque la ciudadanía aún hace esfuerzos por impedir su toma de posesión. Representativa de ese sistema de injusticia es la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la cual con dos excepciones en diecisiete miembros, se concentra lo más despreciable de los responsables de la justicia. Se apresta la CSJ a pavimentarle el camino presidencial a la hija del dictador genocida Ríos Montt. El Consejo Superior Universitario de la Usac y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala también tienen participación en la conformación de la CC. Se pensó en su momento como contrapesos éticos a los tres estamentos políticos; pero, en la práctica, han demostrado ser igualmente susceptibles a la corrupción. Es imperdonable que en el CSU casi la mitad de miembros se nieguen a dar el triunfo a la candidata proba. El CANG sigue adelante con un proceso viciado de elección, que obligará a plantear recursos de amparo. Preocupa que en vez de reservorio moral, las dos instituciones hayan sido convertidas en mercados de favores. Personalmente, siempre he afirmado que la CC no debiese existir en su condición de superpoder, un candado de los que se creen dueños del país. De tolerarla el Pueblo más tiempo, debe ser éste el que directamente elija, cada cinco años, a las y los magistrados de todas las Cortes, no mediante partidos políticos, que son pozos de corrupción, sino con propuestas ciudadanas. Hoy, la confluencia de la lucha del pueblo y los intereses coyunturales de Estados Unidos podrían detener el rapto de la CC; pero al futuro la justicia hay que quitarla de las manos del sistema político. Tenemos que actuar hoy y ahora, por todos los medios posibles, para impedir que la CC se convierta en instrumento de la dictadura de la corrupción. Insto al Pueblo a considerar movilizaciones, paros, huelga general y “estallido social”.
