Marco Trejo
La elección de Cortes de Magistrados y de Apelaciones desencadenan una serie de acciones legales de muchos lados, derivado de los intereses que se manejan en este sentido, que permite mantener un control sobre las resoluciones que se dictan en estos entes jurídicos y que benefician a los que pueden pagar para ser exonerados de lo que se les acusa.
En otros países los magistrados son personas de muy altísima reputación y credibilidad, por lo que pasan muchos años en esos puestos, donde demuestran la calidad de personas y profesionales que son para ejercer el derecho, en organismos que tienen la responsabilidad de ejecutar las leyes que permite vivir en democracia y donde la justicia es pareja para todos.
Pero estas designaciones, de las máximas autoridades jurídicas, han generado una lucha de poder, intereses creados que han cooptado las comisiones de postulación, para que resulten elegidos los magistrados que tienen alguna componenda, para que emitan sentencias que vayan en favor de grupos de interés, que permite mantener la impunidad en procesos de corrupción.
En el actual proceso que vivimos, hemos visto una serie de recursos jurídicos que van y vienen, señalamientos infundados y de descrédito en las diferentes redes sociales, donde entran a funcionar los denominados netcenter, los cuales se dedican a desprestigiar a los candidatos con argumentos falaces, que son percibidos por la población como verdaderos, pero que en la realidad no es cierto lo que se les tacha.
Hemos visto como los candidatos mueven mucho dinero, para promover sus candidaturas, lo cual les permite ser escuchados por los que emiten los votos, pero al final de cuentas es una compra de voluntades porque ofrecen comida, bebidas alcohólicas y como sobremesa llevan edecanes que los atienden como reyes, pero que al final de cuentas son profesionales que no tienen criterio propio.
Se conocen muchos casos, en donde los funcionarios públicos son condenados a 30 años de prisión y de la noche a la mañana, conoce una Sala de Apelaciones, y por arte de magia las sentencias son reducidas a una tercera parte de la primera resolución, lo cual hace que se pierda la credibilidad de los entes encargados de impartir justicia.
Asimismo, vemos otros proceso en donde los acusados se han robado Q80 millones del presupuesto del Estado y en un abrir y cerrar de ojos se emiten castigos irrisorios, que únicamente dan risa, porque no se compara con lo que se les acusa, lo cual hace que muchos se avienten hacer lo mismo, porque las penas son mínimas y las ganancias millonarias.
En el Organismo Judicial hemos visto muertos acarrear basura, tal es el caso en que son revocadas órdenes de captura, que han sido emitidas por jueces independientes y que al llegar, por vacaciones o enfermedad del titular, los suplentes hacen de las suyas, aunque existan medios de prueba contundentes, que únicamente provoca que se llenen las cuentas bancarias de familiares o testaferros, para no dejar evidencias.
Es importante señalar que los administradores de justicia deben ser personas probas, de reconocida honorabilidad y con experiencia en lo que hacen, algo que no sucede en muchos casos en Guatemala, aquí vemos como personajes que son asesores del Congreso de la República, pasan a ser candidatos para las magistraturas, lo cual nos parece muy bajo y carente de ética, pero es lo que sucede y las comisiones de postulación también se hacen de la vista gorda, para no tomar este tipo de expedientes, cuyos postulantes a toda vista tienen un interés creado.
Recientemente se conoció que la nueva administración del gobierno de Estados Unidos, comandada por Joe Biden mantiene preocupación por la forma como se eligen las cortes en nuestro país y han manifestado que van hacer todo lo que este a su alcance para apoyar la lucha contra la corrupción en los países del triángulo central.
Incluso los estadounidenses apelan por la transparencia y que los perfiles que deberían de tener quienes sean nombrados tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Corte de Constitucionalidad, deben ser independientes y no deben estar vinculados a grupos empresariales, corrupción, o estar vinculados a exfuncionarios con procesos abiertos, crimen organizado o narcotráfico.
Lo malo de toda esta maraña, es que los que menos actuamos y nos preocupamos somos los mismos guatemaltecos, tiene que alzar la voz primero los gobiernos extranjeros que si ven la importancia de vivir en un Estado de Derecho y en democracia.
