Imagen de archivo de las manifestaciones en Nicaragua en 2018. Foto La Hora/DPA

MADRID
Agencia DPA/Europa Press
Las autoridades de Nicaragua han vuelto a arremeter hoy contra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y han asegurado que el informe sobre la situación que atraviesa el país en materia de libertades individuales es «unilateral, parcializado y carente de objetividad».

«Todo lo cual confirma la politización y manipulación de los Derechos Humanos en este momento de la historia», ha matizado el Gobierno, que ha insistido en que el Consejo ha sido «desacreditado y deslucido».

Así, ha matizado que se trata de «voces desnaturalizadas de los imperios» y ha denunciado el informe como una «agresión» que se suma a la cadena de «agresiones imperiales» sufridas por el país, según informaciones del diario ‘La Prensa’.

«Debe someterse a imparcial revisión el funcionamiento de estos organismos que han perdido independencia u objetividad y continúan sirviendo como caja de resonancia de los apetitos y voracidades que fundamentan la agenda política interventora e invasora», ha aseverado la fiscal general del país, Wendy Carolina Morales Urbina.

En este sentido, ha criticado las «prácticas expansionistas en términos de dominio político y asfixia económica impuestas por las potencias imperiales, coloniales y neocoloniales».

Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha indicado que la crisis política y de derechos fundamentales en Nicaragua, que comenzó en 2018, se ha visto exacerbada por los daños provocados por la pandemia de coronavirus, así como por el paso de los huracanes ‘Eta’ e ‘Iota’.

En este sentido, ha denunciado que durante los últimos años se han aprobado leyes que constituyen un claro ejemplo de la «restricción del espacio cívico y democrático» en el país.

En total han sido únicamente nueve los países del Consejo que han respaldado al Gobierno del presidente, Daniel Ortega, y han criticado también el informe. Entre ellos se encuentran Venezuela, Rusia, Cuba, Irán, Siria y Sri Lanka, entre otros.

Sin embargo, la mayoría de estados han mostrado su preocupación ante la degradación de la crisis política en el país y la situación de los Derechos Humanos.

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