POR CHRISTOPHER SHERMAN
CIUDAD DE MÉXICO
Agencia AP
Una nueva iniciativa de ley propuesta en Estados Unidos tiene como objetivo al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, mientras crecen los señalamientos de que tiene vínculos con el narcotráfico.
Ahora que el gobierno del presidente Joe Biden busca reincorporar los temas de corrupción y derechos humanos en las relaciones con Honduras y otros países centroamericanos, un grupo de senadores demócratas dice que la relación del gobierno estadounidense con Honduras debe cambiar.
El martes, el senador Jeff Merkley, de Oregon, presentó un proyecto de ley que buscaría aislar a Hernández, quien en los últimos años se ha apoyado fuertemente en su respaldo dentro del gobierno de Estados Unidos cuando enfrenta oposición interna y es acusado de tener conexiones con narcotraficantes por parte de fiscales estadounidenses.
«Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la profundamente alarmante corrupción y los abusos a los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño», declaró Merkley en un comunicado. «Si no se hace que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, funcionarios nacionales y miembros de la policía y el ejército, rindan cuentas por estos delitos, se alimentará la pobreza y la violencia generalizadas, y se obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad.»
El proyecto de ley de Merkley, denominado «Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Honduras de 2021», pide a Biden que imponga sanciones a Hernández y «determine si es un narcotraficante especialmente designado». La propuesta cuenta con el respaldo de los senadores Patrick Leahy, Richard Durbin y Elizabeth Warren, entre otros.
Esta designación supondría un tremendo revés para un presidente que suele señalar la participación activa de Honduras en la guerra de Estados Unidos contra las drogas siempre que los fiscales federales en Nueva York insinúan que su ascenso político fue financiado en parte por narcotraficantes. No ha sido acusado formalmente.
El proyecto de ley también pretende prohibir la exportación de artículos de defensa como gas lacrimógeno, aerosol pimienta y balas de goma que las fuerzas de seguridad hondureñas han desplegado en los últimos años contra manifestantes. El gobierno de Estados Unidos además se opondría activamente a que los bancos multilaterales de desarrollo concedan préstamos a las fuerzas de seguridad de Honduras.
La iniciativa también exhorta al gobierno hondureño a conversar con Naciones Unidas acerca de establecer una misión anticorrupción como la que se instaló exitosamente en Guatemala. Bajo el mandato de Hernández, una misión respaldada por la Organización de Estados Americanos no fue renovada después de que empezara a implicar a varios legisladores federales en escándalos de corrupción.
Este mes, Hernández volvió a negar cualquier conexión con el contrabando de drogas después de que los fiscales estadounidenses presentaran documentos en un juicio por narcotráfico que insinuaban que el presidente estaba siendo investigado. El hermano de Hernández, Juan Antonio Hernández, fue declarado culpable en Nueva York de asociación delictuosa relacionada con estupefacientes en 2019.
El viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, habló con su homólogo hondureño sobre la cooperación entre los gobiernos de ambos países.
Durante el gobierno del presidente Donald Trump, la inmigración eclipsó todo lo demás en la relación bilateral. Biden ha hablado sobre apoyar el desarrollo de los países del Triángulo del Norte para atacar las causas fundamentales de la migración, pero Blinken también incluyó «la corrupción y la falta de respeto a los derechos humanos» como causas de la migración, según un resumen del Departamento de Estado sobre la llamada.
