Es tanta la preocupación que muestra Estados Unidos por la situación de Guatemala en términos del Estado de Derecho que se multiplican los mensajes que vienen casi a diario, no sólo desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado sino también de gremios de abogados y de empresas que podrían convertirse en inversionistas. Todos reiteran la necesidad de un sistema de justicia independiente que sea capaz de generar absoluta certeza jurídica sobre la base de que las resoluciones judiciales sean ajustadas a derecho y no producto de los pactos y componendas que los aspirantes a magistrados hicieron ya con Gustavo Alejos pero que ratifican con sus electores, sean estos los diputados, la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados o el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos.
La justicia en Guatemala se ha convertido para algunos en el asunto más importante de sus vidas, no sólo porque les permitirá librarse del castigo que les corresponde por haber sido descubiertos en actos de corrupción, sino fundamentalmente porque ello será la carta blanca para consagrar, de una vez por todas, la dictadura de la corrupción al asegurar total impunidad. Y es que tras el aliento que recibieron de los mismos Estados Unidos cuando vino la apabullante ayuda para sepultar a la CICIG y el sólido respaldo que reciben de poderosos factores del poder real local, también urgido de controlar la justicia por idénticas razones, saben que se juegan ahora el todo por el todo, al punto de que están dispuestos a ignorar esas sensatas voces de advertencia que ahora vienen del Norte y que oyen como oír llover.
El interés y preocupación de Estados Unidos tiene fundamento en dos cuestiones críticas para ellos. La primera es que ante un país cuyas instituciones se debilitan por el avance de la corrupción, el camino queda asfaltado para el crimen organizado que opera con el tráfico de drogas y lo hace ya a sus anchas en territorios del país bajo su absoluto control. La segunda preocupación es por el efecto que el saqueo del país produce en la generación de pobreza y su efecto en la migración. Trump se propuso controlar la migración a la fuerza y no pudo hacerlo ni con el muro por lo que ahora ven en la mejora de condiciones de la vida en estos países el instrumento único y efectivo.
Pero la indiferencia ciudadana facilitará la cooptación de la justicia aún desafiando a Washington y ese manotazo nos terminará pasando elevada factura.
