Factor Méndez Doninelli
Mientras en muchas naciones del mundo desde el año pasado iniciaron los procesos de vacunación para inmunizar a sus poblaciones contra la covid-19, que primero empezó en Europa, siguió en los Estados Unidos, continúa en varios países de América Latina y sin embargo, no pasa lo mismo en Guatemala un país pobre y subdesarrollado de Centro América donde hasta hoy ni siquiera se sabe cuándo llegan las primeras dosis y tampoco se conocen los avances en las negociaciones que el Gobierno guatemalteco de Alejandro Giammattei, mantiene con las empresas farmacéuticas multinacionales productoras de las vacunas; en estos momentos también se está inmunizando en países vecinos como México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La vacilación incierta sobre cuándo comenzará la vacunación para los guatemaltecos, es calificada por algunos analistas como irresponsabilidad, falta de ética y de planificación por parte de las autoridades de salud y en consecuencia también ha movido la indignación de la población, que percibe opacidad y corrupción en el manejo de la emergencia sanitaria. Pero eso no es todo, encima de la incertidumbre de la gente surge lo que parece un acto de cinismo, la doctora Amelia Flores, Ministra de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) anunció que en los próximos días se hará “un simulacro de vacunación para medir el tiempo que toma cada aplicación”. ¡Eureka!, como quien dice, para taparle el ojo al macho.
Esta misma semana el MSPAS publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 40-2021 que contiene la Norma de Excepción de Responsabilidad y Compensación por Reacciones Adversas serias atribuidas a las vacunas, o sea, anticipadamente el MSPAS se perdona de cualquier responsabilidad por los efectos nocivos que dichas vacunas puedan ocasionar en la salud de las personas. También indica el citado Acuerdo que la vacuna contra la covid-19 es universal, gratuita y voluntaria, esto último significa que no es obligatoria, es decir, no se puede forzar a nadie para que se inmunice. Según dicho Acuerdo, lo que sí es obligatorio para quienes acepten ser vacunados será firmar un documento haciendo constar que han sido debidamente informados sobre los riesgos y beneficios de la vacuna y que autorizan ser vacunados. Este mismo Acuerdo indica que los fabricantes de las vacunas que sean utilizadas por el Estado, solo se les puede deducir responsabilidades por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas o por no cumplir con obligaciones de buenas prácticas de fabricación. Las empresas farmacéuticas fabricantes tienen inmunidad de juicio, excepto en caso de muerte de la persona o de reacciones adversas graves de carácter físico. ¡Caramba!, también le cuidan la espalda a las farmacéuticas.
Por último, para terminar de ajustar se habla de un programa de vacunación que consta de varias fases y contempla la creación del Comité de Evaluación de reacciones adversas serias que podrían provocar las vacunas. El propósito de este comité es investigar los casos que sean denunciados y de comprobar su relación con la vacuna, determinar si deben ser compensados por el Estado guatemalteco. Este Comité también denegará cualquier compensación en caso de demostrar que la reacción adversa alegada es resultado de una acción fraudulenta intencional.
Actualmente la población guatemalteca se encuentra en esta situación incierta, esperando el arranque de la vacunación en el país, con la esperanza que la inmunización masiva de la población disminuya los contagios y las muertes por covid-19 que ya superan los 6 mil fallecidos.
