Por FRANKLIN BRICEÑO
LIMA
Agencia AP
El gobierno peruano anunció ayer que enviará a la fiscalía una lista de 487 personas, entre ellas la excanciller y la exministra de Salud, que se aprovecharon de sus privilegios y se aplicaron en secreto una candidata a vacuna china contra el COVID-19 que luego compraron para los trabajadores de Salud.
«Estas personas que formaron parte de nuestro gobierno faltaron a su deber de servidoras públicas», dijo el presidente Francisco Sagasti en la televisora pública, y añadió que estaba «furioso» por la actitud de «muchos funcionarios públicos que se aprovecharon de su posición».
El escándalo generó frustración en el personal sanitario y salpicó la gestión del exmandatario Martín Vizcarra, quien también se vacunó en secreto cuando era presidente junto a su mujer y su hermano. Vizcarra gobernó hasta noviembre, mes en que fue destituido por presunta corrupción.
La ahora excanciller Elizabeth Astete renunció el domingo tras admitir en una carta que en enero se aplicó la vacuna en secreto porque «no podía darme el lujo de caer enferma». Días antes, la entonces ministra de Salud Pilar Mazzetti también dimitió, pero ocultó su inmunización.
«Cedí ante la inseguridad y mis miedos», reconoció Mazzetti en una carta difundida el lunes por la noche.
La revelación de Mazzetti, que era considerada casi una heroína local por su lucha contra el virus, fue la más impactante porque la semana pasada aseguró en una conferencia junto al presidente que se iba inmunizar después de que «todas las personas que trabajan en el sistema estén vacunadas».
«El capitán es el último que abandona el barco… los que estamos a la cabeza de las instituciones tenemos que dar el ejemplo para esperar nuestro momento correctamente», dijo Mazzetti el 10 de enero. Los dos viceministros de su secretaría también se vacunaron y renunciaron junto a ella.
Los partidos en el Congreso opositor realizarán un pleno donde decidirán si crean una comisión investigadora sobre la vacunación secreta de funcionarios.
Astete gestionó en enero la compra de un millón de dosis de la farmacéutica estatal china Sinopharm luego que el país asiático autorizó la comercialización de la vacuna a fines de 2020 tras finalizar los ensayos de fase tres con 79% de eficacia, según la compañía.
Sinopharm realizó desde septiembre ensayos en fase tres de su vacuna experimental con 12,000 voluntarios en el país, pero envió otras 3,200 dosis para otorgarlas a los investigadores locales. Fueron estas candidatas a vacunas las que se aplicaron en octubre en secreto el entonces presidente Vizcarra, su esposa Maribel Díaz y su hermano César Vizcarra.
La convocatoria para participar en el ensayo estaba abierta a cualquier habitante en Perú, excepto para aquellos con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión.
El escándalo generó indignación en un país marcado por la desigualdad, donde no hay oxígeno para miles de infectados que agonizan en casa porque los hospitales no tienen espacio para más pacientes y donde han muerto 43,703 personas por COVID-19, la mayoría gente sin privilegios y también funcionarios en la línea de fuego, entre ellos 310 médicos, 125 enfermeras y más de 500 policías.
«Se aprovechan de sus cargos, se confirma que la prioridad no fueron los colegas de las unidades de cuidados intensivos que enfrentan a la muerte 24 horas seguidas sin alimentarse, ni ir al baño», dijo el lunes a The Associated Press Godofredo Talavera, presidente de la federación médica peruana.
«Entendemos por qué tardaron tanto en comprar las vacunas; no había apuro, ya estaban vacunados», agregó Talavera, que desde hace años pide mejores remuneraciones para los médicos.
La excanciller Astete decidió la compra de un millón de vacunas el 7 de enero –cuyo precio es secreto, por exigencias de la farmacéutica estatal china– y recibió a escondidas la primera dosis de la inoculación el 22 de enero. Luego de la revelación de Vizcarra, ella se animó a confesar y renunciar.
En una carta difundida en Twitter, la embajada china en Lima dijo que no tiene información «de la identidad de los vacunados» y que rechaza términos como «vacunas de cortesía, donaciones o prebendas utilizados por algunos medios de comunicación y las difamaciones a las cooperaciones de vacuna» entre Perú y China.
Sinopharm fue la primera farmacéutica que inició en Perú estudios de fase tres en septiembre con una candidata a vacuna, en la cual participaron 12,000 voluntarios. Recién en diciembre AstraZeneca fue la segunda compañía que pudo iniciar ensayos avanzados, y a partir de 2021 lo hizo la alemana CureVac.
En Perú hay frustración entre el personal sanitario, que ha sufrido las mayores bajas de su historia por el coronavirus. Durante meses las autoridades no les otorgaron equipos de protección adecuados.
Otros países de la región, como Brasil o Chile, ya llevan más de un millón de vacunados, mientras que en Perú apenas 68,000 trabajadores sanitarios han sido inoculados. Recientemente grupos de médicos y enfermeras protestaron en diversos hospitales del país porque, pese a que trabajan en la primera línea contra el virus, no habían sido incluidos en la lista de vacunación.
«Lo mínimo que queremos es nuestra vacuna porque ningún sol hemos recibido del estado», dijo a la prensa la doctora Herlinda Ruiz durante una protesta el jueves frente a un hospital capitalino. «Estamos expuestos a morir y a veces ni almorzamos».
