David C. Martínez Amador
Un conocido diario guatemalteco publicó hace unos días las opiniones de diversos politólogos con relación las razones por al cuales el actual gobierno podría encontrarse en un contexto de crisis de gobernabilidad. Resulta sorprendente que la primera categoría resaltada para determinar la posibilidad de una crisis de gobernabilidad fue ligada en esta entrevista a la ´crisis de legitimidad´ experimentada por el actual gobierno.
Craso error y una distorsión conceptual grave. Sin la intención de hacer apología de la actual administración, hay que dejar en claro que la legitimidad del gobierno se mantiene intacta en términos que la única legitimidad existente es la legitimidad electoral. Es decir, si los mecanismos por los cuales el gobierno fue electo son legales y legítimos, la misma está asegurada (distinto sería la cuestión de un irregularidades electorales graves o una victoria cuestionada). Ahora bien, la credibilidad de una administración presidencial es caso aparte y me parece que las opiniones consultadas confundieron la carencia de legitimidad con la crisis de credibilidad.
Estrictamente la gobernabilidad es la capacidad de ´performance´ y pasa todo por asegurarse que las reglas básicas del juego que todos los actores políticamente relevantes hayan aceptado sigan vigentes. Estrictamente, cuando hacemos referencia a los actores políticamente relevantes un contexto como el guatemalteco no se puede dejar de considerar la relación que frente a la administración de gobierno tienen: 1) Sindicatos, 2) Actores de Cooperación (G13, concretamente EEUU), 3). Las Élites Económicas. Es precisamente en este punto cuando buena parte de los sectores progresistas y las izquierdas cuestionan que la ciudadanía no esté considerado cual actor políticamente relevante. Lo es, pero no más allá del ejercicio electoral. No se puede dejar de negar que, Guatemala no es Francia o la Argentina donde existe una fuertísima tradición de expresiones populares permanentes en el espacio público. En Guatemala las escuetas expresiones populares (particularmente las recientes) estaban tuteladas concretamente por la agenda de un actor de cooperación internacional: CICIG:
¿Significa todo lo anterior que se desmerezca el esfuerzo ciudadano o la agenda anti corrupción?
De ninguna manera. Sólo se trata de proveer una explicación mucha más sensata.
Ese tan particular debate ideológico entre el peso de las élites y la incidencia popular también atrapó en su momento a la misma Comisión Anticorrupción de Naciones Unidas que operó en Guatemala. Al final del día, el accionar de CICIG olvidó un importante detalle: Ninguna régimen político democrático es capaz de generar reformas efectivas y perdurables sin la participación directa de sus élites. Este ha sido una característica de todos los procesos tanto de ´State Building´ cómo de reformas institucionales impulsadas por ´poderes de tutela´.
Precisamente por esto, la ruta delineada por la administración Biden hacia el Triángulo Norte ha comenzado a enviar fuertes mensajes a las élites económicas de la región en términos de ´invitarlos´ a sumarse al proceso de combate a la corrupción. Y si es necesario ´sacar los colmillos´ por eso precisamente la denominada ´lista Engel´ buscaría no sólo cancelar visas sino congelar activos económicos. Volviendo a Guatemala, la experiencia CICIG se encontró al final de su estadía entre un dilema, trazar una ruta colaborativa con las élites económicas aunque no hubiera acuerdos completos o intentar un proceso de transformación ´estructural´. Falló en su intento, y al final, era solamente un brazo de cooperación internacional dependiente de instrumentos del sistema local.
La administración Biden la tiene más claro. Y por el bien del país, es fundamental que las élites se sumen a esta agenda de desarrollo concreta.
