Por CHRISTOPHER SHERMAN
CIUDAD DE MÉXICO
Agencia AP
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández rechazó nuevamente las acusaciones de fiscales estadounidenses de que protegió a narcotraficantes a cambio de sobornos.
En esta ocasión, documentos presentados el viernes por fiscales federales en Nueva York señalaron que Hernández — identificado en los textos como CC-4 o co-conspirador 4 — estaba bajo investigación. A pesar de que los fiscales de Estados Unidos han detallado incidentes en los cuales Hernández supuestamente recibió sobornos, incluyendo del capo mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán», previamente no se habían referido específicamente a una pesquisa en contra del mandatario.
La referencia a una investigación estadounidense sobre Hernández se llevó a cabo en documentos presentados por fiscales federales en el caso de narcotráfico contra Geovanny Fuentes Ramírez, quien está acusado de asociación delictuosa para contrabandear cocaína hacia Estados Unidos y de asesinar a varias personas para proteger su operación.
El lunes por la noche, la cuenta oficial de Twitter de la presidencia hondureña envió mensajes en español e inglés en los que rechaza cualquier participación del mandatario, quien no ha sido acusado penalmente.
«La versión que el presidente Hernández supuestamente aceptó dinero de drogas de un Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, o dio protección o coordinación a narcotraficantes, es 100% falso y parece estar basado en mentiras de criminales confesos que buscan venganza o para reducir sus condenas», se afirma en uno de los mensajes.
«Esta y otras alegaciones oportunistas languidecen ante el contundente hecho que durante la Administración Hernández el tráfico de coca por Honduras se redujo de 87% a 4% de 2013 a 2019, según reconocen las publicaciones del Departamento de Estado (INCRS) de dichos años», indicó el segundo mensaje.
Las autoridades de Estados Unidos han elogiado en reiteradas ocasiones a Honduras por su cooperación en el combate al narcotráfico.
En sus documentos, la fiscalía estadounidense señaló que el gobierno de Honduras no ha colaborado con sus investigaciones, incluyendo la del hermano del mandatario, Juan Antonio «Tony» Hernández, quien fue declarado culpable en 2019 en Nueva York de asociación delictuosa para contrabandear drogas. Durante los últimos años, fiscales en el distrito sur de Nueva York han estado conformando casos en contra de narcotraficantes, así como contra las fuerzas de seguridad y políticos hondureños que les brindaron protección.
«Esta investigación penal ha establecido que la corrupción es endémica en Honduras, y considerando el objetivo en cuestión, la asistencia del gobierno hondureño en respaldo a estas investigaciones en curso difícilmente ha sido sincera», escribieron los fiscales. «Por ejemplo, el gobierno de Honduras ha proporcionado apenas registros limitados en respuesta a una solicitud con base en un tratado de evidencia relacionada con Tony Hernández, y no ha cumplido con las solicitudes de extradición relacionadas con otros co-conspiradores acusados y testigos potenciales en contra del acusado y CC-4».
En otro punto, los fiscales estadounidenses disputaron los argumentos presentados por los abogados de Fuentes Ramírez. «Las denuncias del acusado sobre la investigación del gobierno ignoran las realidades de evidencia en desarrollo de narcotráfico y actos de violencia en Honduras en conexión con una investigación enfocada en, entre otros, funcionarios de alto rango como CC-4», señaló el documento.
El mes pasado, fiscales del mismo caso presentaron mociones señalando que el presidente de Honduras aceptó sobornos de narcotraficantes y ordenó que las fuerzas armadas del país protegieran un laboratorio de cocaína y los cargamentos hacia Estados Unidos. En los documentos se cita a Hernández diciendo que quería «meterles las drogas por las narices a los gringos e inundar Estados Unidos con cocaína».
Los fiscales han asegurado previamente que Hernández financió sus aspiraciones políticas con dinero del narcotráfico. A cambio, las fuerzas de seguridad hondureñas les permitieron trasladar cocaína por el país, un importante punto de trasbordo para la cocaína sudamericana hacia Estados Unidos, afirmaron los fiscales.
Hernández, quien fue presidente del Congreso antes de ser elegido mandatario en 2013, fue reelegido en 2017 a un periodo que concluye en enero de 2022.