Por JOSEF FEDERMAN
JERUSALÉN
Agencia AP
La Corte Penal Internacional (CPI) dijo ayer que su jurisdicción abarca los territorios ocupados por Israel tras la guerra del Medio Oriente de 1967, con lo que allana el camino para que su fiscal inicie una investigación por posibles crímenes de guerra en las acciones militares israelíes.
La decisión fue celebrada por los palestinos y criticada por el primer ministro de Israel, quien acusó a la corte de una «persecución jurídica».
La fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, dijo en 2019 que había una «base razonable» para abrir una investigación por crímenes de guerra a las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza, así como en los asentamientos israelíes en Cisjordania. Pero pidió a la corte que determinara si tenía jurisdicción territorial antes de avanzar en el caso.
Los palestinos, que ingresaron a la corte en 2015, han presionado para que se abra una investigación. Israel, que no es miembro de la CPI, ha dicho que la corte no tiene jurisdicción debido a que los palestinos no tienen condición de Estado y porque las fronteras de cualquier futuro Estado se tienen que decidir a través de las negociaciones de paz.
Los palestinos han pedido a la corte que investigue las acciones israelíes en la guerra de 2014 contra milicianos palestinos en la Franja de Gaza, así como la construcción de asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania y en el territorio anexado de Jerusalén Oriental.
La comunidad internacional en general considera que los asentamientos son ilegales bajo el derecho internacional, pero ha hecho poco para presionar a Israel a que detenga o revierta su crecimiento.
La CPI tiene como misión fungir como una Corte de última instancia cuando los sistemas jurídicos de las naciones no pueden o no quieren investigar y procesar crímenes de guerra.
El Ejército de Israel dispone de mecanismos para investigar supuestas acciones ilegales cometidas por sus soldados y, a pesar de las críticas de que el sistema es insuficiente, los expertos dijeron que tiene buenas probabilidades de evitar que la CPI investigue sus prácticas de guerra.
Sin embargo, cuando se trata de asentamientos, los expertos señalaron que Israel podría tener problemas para defender sus acciones. La ley internacional prohíbe el traslado de una población civil a un territorio ocupado.
Israel capturó Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental en la guerra de 1967, los cuales son territorios que los palestinos quieren para formar su Estado. Unos 700.000 israelíes viven en asentamientos en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Los palestinos y gran parte de la comunidad internacional consideran que los asentamientos son ilegales y un obstáculo para la paz.
Aunque el tribunal enfrentaría dificultades para procesar a israelíes, podría emitir órdenes de arresto que dificultarían los viajes de funcionarios israelíes al extranjero. Un caso en la CPI también sería motivo de vergüenza para el gobierno.
La CPI también podría investigar los delitos cometidos por militantes palestinos. Bensouda ha dicho que su investigación examinaría las acciones de Hamas, que disparó cohetes indiscriminadamente contra Israel durante la guerra de 2014.
