Por JIM HEINTZ y VLADIMIR ISACHENKOV
MOSCÚ
Agencia AP
Coreando consignas contra el presidente Vladimir Putin, decenas de miles de personas salieron ayer a las calles en toda Rusia para exigir la liberación del encarcelado líder opositor Alexei Navalny, continuando con las protestas a nivel nacional que han remecido al Kremlin. La policía detuvo a más de 5,100 personas, según un grupo de monitoreo, y algunas fueron golpeadas.
Las protestas masivas se llevaron a cabo a pesar de los intentos de las autoridades rusas de frenar la marea de manifestaciones después de que decenas de miles de personas marcharan el fin de semana anterior en todo el país en la mayor y más extendida muestra de descontento que ha visto Rusia en años. Pese a la amenaza de penas de prisión, advertencias a grupos en las redes sociales y estrictos acordonamientos policiales, el domingo las protestas inundaron ciudades en las 11 zonas horarias del país.
El equipo de Navalny rápidamente convocó a otra protesta en Moscú para el martes, cuando comparecerá ante un tribunal que podría enviarlo años a prisión.
Navalny, un investigador anticorrupción de 44 años y el crítico más conocido de Putin, fue detenido el 17 de enero a su regreso de Alemania, donde pasó cinco meses recuperándose de un envenenamiento con un agente tóxico que él atribuye al Kremlin. Las autoridades rusas han rechazado las acusaciones. Fue detenido por presuntamente incumplir las condiciones de su libertad condicional al no presentarse a citas con las autoridades mientras se estaba recuperando en Alemania.
Washington instó al Kremlin a liberar a Navalny y criticó la represión de las protestas.
«Estados Unidos condena el uso persistente de tácticas duras contra manifestantes pacíficos y periodistas por parte de las autoridades rusas por segunda semana consecutiva», dijo en Twitter el secretario de Estado, Antony Blinken.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso calificó el comentario de Blinken como una «burda injerencia en los asuntos internos de Rusia», y acusó a Washington de intentar desestabilizar la situación en el país respaldando las protestas.
La policía detuvo el domingo a más de 5.100 personas en todo el país, según OVD-Info, un grupo que monitorea las detenciones políticas, cifra que superó a las aproximadamente 4.000 detenciones en las manifestaciones del 23 de enero.
En el centro de Moscú se impusieron medidas de seguridad sin precedentes, como el cierre de varias estaciones de metro cerca del Kremlin, cortes en las rutas de autobús y órdenes de cierre para restaurantes y comercios.
En un principio el equipo de Navalny convocó a una protesta el domingo en la plaza Lubyanka de Moscú, donde está la sede del Servicio Federal de Seguridad, al que Navalny atribuye su envenenamiento. Después de que la policía acordonara la zona en torno a la plaza, la protesta se desplazó a otras plazas y calles céntricas.
La policía seleccionaba a gente al azar y la colocaba en autobuses policiales, pero miles de manifestantes marcharon por el centro de la ciudad durante horas, coreando: «¡Putin, renuncia!» y «¡Putin, ladrón!» en alusión a una lujosa finca en el Mar Negro supuestamente construida para el mandatario y que aparece en un video sumamente popular publicado por el equipo de Navalny.
«No temo porque somos la mayoría», dijo el manifestante Leonid Martynov. «No debemos temer a los garrotes porque la verdad está de nuestro lado».
En un momento dado, multitudes de manifestantes caminaron hacia la prisión Matrosskaya Tishina donde Navalny está detenido. Pero se encontraron con falanges de policías antimotines que hicieron retroceder la marcha y persiguieron a manifestantes a través de patios.
Los manifestantes siguieron marchando en diversas zonas de la capital rusa, sacando la vuelta a los cordones policiales. Los policías los separaron en grupos más pequeños y detuvieron a gran cantidad, golpeando a algunos con garrotes y, ocasionalmente, echando mano de pistolas paralizantes.
Más de 1.600 personas fueron detenidas en Moscú, incluida la esposa de Navalny, Yulia, quien fue liberada varias horas después a la espera de una audiencia el lunes por cargos de participar en una protesta no autorizada. «Si nos mantenemos en silencio, mañana vendrán por cualquiera de nosotros», dijo en Instagram antes de salir a protestar.
Amnistía Internacional señaló que las autoridades en Moscú han arrestado a tantas personas que los centros de detención de la ciudad se han quedado sin espacio.
«El Kremlin está librando una guerra contra los derechos humanos de la gente en Rusia, sofocando las exhortaciones de los manifestantes a la libertad y el cambio», dijo en un comunicado Natalia Zviagina, la directora de la oficina del grupo en Moscú.
Varios miles de personas marcharon por San Petersburgo, la segunda ciudad más grande del país, coreando «¡Abajo con el zar!», y surgieron altercados ocasionales cuando algunos manifestantes repelieron a policías que intentaban hacer detenciones. Más de 1.100 personas fueron arrestadas.
Algunas de las protestas más grandes se llevaron a cabo en Novosibirsk y Krasnoyarsk, en Siberia oriental, y en Ekaterimburgo, en los Urales.
«No quiero que mis nietos vivan en un país así», dijo Vyacheslav Vorobyob, un hombre de 55 años que salió a manifestarse en Ekaterimburgo. «Quiero que vivan en un país libre».
La ministra sueca de Exteriores, Ann Linde, quien actualmente preside la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, condenó «el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y la detención masiva de manifestantes pacíficos y periodistas», y exhortó a Rusia a «liberar a todos aquellos detenidos injustamente, incluido Navalny».
Como parte de los esfuerzos de las autoridades para bloquear las protestas, las cortes han encarcelado a varios activistas y colaboradores de Navalny en todo el país. Su hermano Oleg, su destacado colaborador Lyubov Sobol y otras tres personas quedaron el viernes bajo arresto domiciliario, acusados de supuestas infracciones a las restricciones por el coronavirus durante las protestas de la semana pasada.
Los fiscales también pidieron que las plataformas de las redes sociales bloqueen los llamados para unirse a las protestas.
El Ministerio del Interior ha hecho duras advertencias al público para que no se sume a las protestas, indicando que los que lo hagan podrían ser acusados de participar en disturbios masivos, lo que conlleva una sentencia de hasta ocho años de cárcel.
