POR MARGARITA GIRÓN
jgiron@lahora.com.gt
Tras un año convulso a causa de la pandemia del Covid-19, en un informe publicado recientemente, el Banco Mundial (BM) pronostica en 3.6 % la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala para este 2021, y en 3.8 % para 2022.
Esas cifras, reflejaría que la economía del país proyecta un crecimiento 3.5 %, según estimación del Banco de Guatemala, lo cual se avizora como una recuperación.
Según expertos consultados por La Hora, para que el clima de negocios en Guatemala sea conforme a las proyecciones, es importante que, en el país, se cuenten con características específicas como la certeza jurídica y el estado de Derecho, así como generar acciones para propiciar un clima de negocios favorable.
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FUNDESA: SE NECESITA CREAR UN CLIMA DE NEGOCIOS FAVORABLE
Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de Fundesa, señaló que, como bien lo menciona el Foro Económico Mundial (FEM), a través del índice de competitividad Global, cualquier Estado que busque atraer inversión extranjera directa a sus países, lo primero que necesita es generar un ambiente y un clima de negocios favorable, en donde la certeza jurídica, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones sean claves.
Esto para generar un esfuerzo más acelerado hacia la atracción de inversión.
A decir de Zapata, la certeza jurídica y el Estado de Derecho, son puntos fundamentales que busca cualquier inversionista al momento de invertir en determinado país.
“Lo que busca un inversionista es certeza jurídica, reglas claras y que estas reglas sean lo suficientemente transparentes y fáciles de entender, para que cualquier persona, en cualquier parte del mundo pueda comprenderlas y cumplirlas a cabalidad y eso es un punto muy importante para atraer inversión”, aseveró Zapata.
De acuerdo con el directivo, generar la certeza jurídica, no es solo competencia del Organismo Ejecutivo. En tal sentido, refirió que hay muchas iniciativas de ley que deben ser aprobadas por el Congreso de la República y hacia ese aspecto deben enfocarse muchos de los esfuerzos que como país son necesarios para crear la certeza jurídica.
“Hay iniciativas pendientes, como la reglamentación del Convenio 169 de la OIT, porque hoy no está clara la forma en que el Estado guatemalteco pueda garantizar una consulta hacia pueblos indígenas, tampoco está claro cómo se debe regular el pago a tiempo parcial porque falta una ley que reglamente el Convenio 175 de la OIT”, añadió.
Además, reiteró que esos son aspectos que no le competen al Ejecutivo sino al Organismo Legislativo, que tiene en sus manos aprobar leyes que fomenten la certeza jurídica.
Zapata explicó las perspectivas económicas que se tienen para Guatemala en el 2021, son similares a las que se han tenido en años anteriores, exceptuando el 2020, pero en un año normal, el país puede registrar un crecimiento del 3 al 3.5%; sin embargo, para poder acelerar el crecimiento por encima del 5% se necesitan otras acciones como país.
El empresario destacó que el tema de la vacuna contra el COVID-19, también juega un papel importante en el clima económico que se proyecta para el país, en donde destacó que la logística para la inmunización de la población será clave en el momento que se llegue a la fase de vacunación mayor de edad que no esté dentro de los grupos prioritarios.
E. ORTIZ: LA CRISIS ACTUAL ENVÍA UN MAL MENSAJE PARA LAS POSIBLES INVERSIONES
Edgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo manifestó que no puede hablarse de una recuperación económica en el ámbito de inversión extranjera en la medida que no haya un sistema de justicia que funcione.
“Toda la crisis que está atravesando hoy el sistema de justicia en Guatemala, de alguna forma estaría mandando una mala señal para esas posibles inversiones y es algo que se ve en casi todas las calificaciones de los índices principales de inversión”, detalló Ortiz.
En ese contexto, refirió el índice de Competitividad Global que pone a Guatemala con una calificación “mala”, en cuanto a independencia judicial y esto va relacionado con aspectos de competitividad de país.
“Los indicadores no mienten, esta es una de las tablas flojas de Guatemala y eso no se puede negar”, enfatizó.
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A decir del analista, lograr que Guatemala pueda lograr un mejor clima de negocios, resulta difícil, pues la inversión extranjera evalúa diferentes aspectos, que van desde la justicia, el tamaño de mercado, la calidad de la mano de obra, infraestructura, pero muchos de estos aspectos, dependen de un Estado funcional con baja corrupción.
“Quizá el problema más grande, es que la variable de la justicia no es algo que cambia a corto plazo y por ello es tan urgente hacer la reforma, porque en la medida que la crisis de justicia se prolongue, se deteriora mucho el ingrediente de la credibilidad del sistema, es decir si la gente no cree que el sistema de justicia va a actuar de forma imparcial, hay un problema y en la medida que Guatemala deteriora su sistema de justicia, empeora su credibilidad y se hace más difícil recuperarla porque no es algo que se recupere en dos días”, enfatizó.
Ortiz remarcó que, al no tener certeza jurídica, no solo no se atrae inversión, sino que día a día, mientras se agudiza la crisis en el sistema de justicia, como país, “nos convertimos en un destino menos atractivo para cualquier inversionista que quiera venir”, añadió.
PEDRO IXCHIU: ANTES DE PENSAR EN INVERSIÓN EXTRANJERA SE DEBE TRABAJAR A NIVEL LOCAL
Pedro Ixchiu García, experto en pluralismo jurídico, señaló que, lo que el Estado debe hacer es generar un proceso de conciencia para que las élites económicas, sociales y políticas, dialoguen con el pueblo y debatan para que quienes se postulen a algún cargo público cumplan con lo que significa un Estado de Derecho.
De acuerdo con el entrevistado, “somos una sociedad que está patas arriba” y se ha llegado al grado de la desvergüenza. Además, mencionó que, hablar de temas como la elección de Cortes y la crisis constitucional, resulta enfermizo.
“Creer que el Estado se organizó para el bien común y si entendemos la importancia de garantizar a la población ese bien común y respetar los derechos humanos, creo este sería un momento importante para que se puedan fortalecer las economías locales que posibilite a los pueblos originarios en su capacidad de producir”, dijo.
Ixchiu enfatizó que antes de pensar en inversión extranjera, se debe trabajar a nivel local y ver el potencial que el país tiene para producir, tanto en calidad de tierra y recursos propios. Además, destacó que es prioritario voltear a ver a los pueblos indígenas y la capacidad que tiene la población y con ello generar oportunidades que les permitan salir de la pobreza, pero también obteniendo beneficios.
“Yo creo que Guatemala tiene un enorme potencial para la producción madera, alimentos, también en el área turística, pero es necesario que prevalezca la ética”, señaló.
OTILIA LUX DE COTÍ: GUATEMALA SIGUE SIENDO UN PAÍS DESIGUAL
Para Otilia Lux de Cotí, asesora de programas de mujeres, comentó que, aunque el tema de la recuperación económica es de interés general para todos los guatemaltecos, el país carece de aspectos que dan certeza a un Estado de Derecho y no se percibe que haya justicia económica integral para todas las personas.
A decir de Lux, cuando se evidencia la ausencia de aplicabilidad del imperio de la ley, hablar de una recuperación económica integral resulta complejo, pues Guatemala sigue siendo un país con desigualdad.
“La economía de los guatemaltecos y guatemaltecas es desigual porque se enfoca en minorías y la realidad de la mayoría de la población es preocupante porque aún estamos viviendo la pandemia, sumado a las respuestas que nos ha dado la madre naturaleza en relación con las tormentas, y eso es penoso”, dijo.
Además, remarcó que, si se piensa en atraer inversión, esta debe ser integral, así como aplicabilidad de la ley y gobernanza a nivel comunitario y de país, además de velar porque haya transparencia para que las inversiones no se den en la forma que se han manejado, en donde solamente un sector se beneficia.
“Siempre hay situaciones en donde se dan coimas o favores y es allí donde se vuelven los casos poco transparentes y surge el vicio de la corrupción. Con esas acciones el país deja de percibir los beneficios reales”, enfatizó.
Para la entrevistada, es importante establecer qué tipo de inversión buscan atraer al país, porque se han dado situaciones en donde en lugar de generar beneficios, surgen conflictos y es allí en donde debe cumplirse la ley, porque para que llegue el desarrollo a todas las comunidades, es prioritario consultarle a los pueblos y comunidades, dando la información exacta, real y transparente de lo que implican los proyectos de inversión.
En ese contexto, la experta señaló que, al hablar de inversión económica, debe hablarse de inversión social y esta debe ser integral, no solamente económica, sino considerar aspectos como la educación y la salud, seguridad alimentaria y nutricional de la población.
“Nos hace falta para hablar de inversión económica integral, que incluya el enfoque de los derechos humanos de todos los guatemaltecos. Para hablar inversión, tenemos que hablar de inversión económica y social”, remarcó.
ASIES: FALTA DE CERTEZA JURÍDICA DA UNA IMAGEN DESALENTADORA
Fabián Juárez, analista e investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), puntualizó que, la certeza jurídica y el Estado de Derecho son sumamente importantes al momento de analizar un posible escenario en clima de negocios para este año. Según, detalló la certeza jurídica implica el nivel de confianza que se tiene la ciudadanía, las empresas nacionales e internacionales al conjunto de leyes que se tienen en el país. En tal sentido, enfatizó que, la confianza que pueda percibirse por parte de la ciudadanía y los entes internacionales es muy importante y está directamente relacionada con el desarrollo económico del país.
“En el último informe de la calificadora de riesgo Moody´s, se hace énfasis en que Guatemala tiene indicadores de Gobernanza mucho menores a los demás países de la región, especialmente en temas de efectividad de Gobierno y Estado de Derecho, esto es muy importante, porque aquí vemos que el tener certeza jurídica y Estado de Derecho está relacionado con las calificadoras que en última instancia, reflejan las perspectivas que tienen los entes internacionales sobre las posibilidades de invertir o no en el país”, acotó Juárez.
En ese contexto, remarcó que la imagen que da el país con la falta de certeza jurídica, con temas como la falta de elección de cortes, dan una imagen “desalentadora”, para el clima de negocios del país porque pone en riesgo las nuevas inversiones que puedan darse, de capital internacional.
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“Lo que se denomina mora judicial que se acrecentó en el 2020, viene a poner una barrera bastante fuerte en cuanto a establecer un clima de negocios que se adapte a la reactivación económica”, dijo.
A decir del investigador, en el 2020 muchos juzgados mercantiles estuvieron cerrados a causa de la pandemia y esto, impidió ejecutar contratos y diferentes temas, que son importantes en la dinámica económica del país.
Juárez recalcó que Guatemala aún tiene problemas de corrupción y procesos judiciales lentos, que desalientan el clima de negocios que, sin duda es importante, para buscar una reactivación económica rápida y eficiente.
“Lo más importante en este momento es que se agilice y se tome en serio la elección de los magistrados de la CSJ y salas de apelaciones, eso es importantísimo para poder dar una imagen positiva que evidencie que en Guatemala se cumplen los procesos y el Estado de Derecho, porque este se aplica a todas las instituciones de Gobierno y ciudadanos”, comentó.
Además, explicó que también es importante que se refuerce el combate a la corrupción, que no solo se encuentra a nivel de Gobierno sino en muchos sectores económicos del país. “La lucha contra la corrupción debe ser fuerte, para que exista certeza jurídica de parte de la población y de aquellos que quieren invertir en el país”, dijo.
¿QUÉ OCURRIÓ EN EL 2020?
A finales del 2020, la calificadora internacional Moody’s, dio a Guatemala la calificación “Bba1” sobre el perfil crediticio de Guatemala que refleja la fortaleza económica del país basada en el crecimiento estable, equilibrado por niveles de PIB per cápita comparativamente la cual presentó niveles bajos con relación a las instituciones y la fortaleza del Gobierno.
Esto refleja resultados débiles en las medidas de control de la corrupción, el Estado de Derecho y la eficacia del Gobierno. “Una fortaleza fiscal «Bba1» indicativa de métricas de deuda en aumento, una entrada de ingresos persistentemente baja, una alta proporción de deuda en moneda extranjera; y la susceptibilidad «Bbaa» al riesgo de eventos, impulsada por el riesgo político, que se deriva de la alta desigualdad de ingresos, la gran proporción de personas que viven en la pobreza y el riesgo que los altos niveles de corrupción puedan generar una reacción violenta contra el Gobierno”, se detalla en una publicación de la calificadora, realizada en el mes de diciembre.
Por su parte, el Ministerio de Economía (MINECO), dio a conocer recientemente que, según las proyecciones del Banco de Guatemala (BANGUAT), el PIB nacional cerraría el 2020 en -2%, mejor que lo previsto en marzo 2020 cuya expectativa era una caída de-3.5%.
No obstante, aunque se proyecta que, el crecimiento de la economía guatemalteca para este año sería igual al promedio que tendrá la región centroamericana y 0.1 punto porcentual menos que la media latinoamericana, de 3.7 %, las condiciones deben ser favorables si se busca cumplir con esas proyecciones.
