Por FERNANDO VERGARA y ASTRID SUÁREZ
BOGOTÁ
Agencia (AP)
Salir a dar un paseo por Bogotá se ha convertido en una actividad de alto riesgo para Luz Nelly Santana, líder social afrodescendiente. A veces usa un sombrero o un turbante para intentar mimetizarse, viste un chaleco antibalas y va acompañada de un escolta.
Como ella, en Colombia más de 3.700 líderes sociales tienen medidas de protección como escoltas, vehículos blindados y botones de pánico por las amenazas contra su vida, dijo a The Associated Press la Unidad Nacional de Protección.
Los líderes están en riesgo por denunciar economías ilícitas o corrupción en su territorio, marcado por la presencia de grupos ilegales y la disputa entre ellos por controlar lugares de alto valor geoestratégico. El presidente Iván Duque ha dicho en reiteradas ocasiones que detrás de los asesinatos de los líderes sociales está presente el narcotráfico.
Tanto el gobierno como las organizaciones no gubernamentales coinciden en señalar a los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Chocó como los más peligrosos para ejercer el liderazgo.
«Hace tres meses me dejaron un panfleto las Águilas Negras, mensualmente me amenazan por teléfono y un hombre que entró a mi oficina quería matarme», dijo Luz Nelly, víctima del conflicto interno en el departamento de Antioquia, quien en la actualidad ayuda a otros líderes sociales que se desplazan hasta Bogotá en busca de mayor seguridad.
Uno de ellos es Darwin Cuero, de 39 años, desplazado de Tumaco, al sureste del país, en donde hay 36.964 hectáreas de coca, según el informe de 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Cuero ha sufrido amenazas reiteradas luego del asesinato de cinco de sus familiares, entre ellos su padre, quien también era líder social. Asegura que los grupos paramilitares y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) serían los responsables de los homicidios.
La Fiscalía ha identificado como presuntos responsables de la mayoría de los asesinatos a las disidencias de las FARC, el cartel del narcotráfico Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes no han reconocido públicamente estos crímenes. En noviembre el presidente Duque anunció la captura de Arnulfo Torres, alias «Álvaro Boyaco», uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC, acusado del asesinato de líderes sociales.
Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), considera que hay un reacomodamiento de la violencia de los grupos armados que venían desde antes de la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016 y que ahora han llenado el vacío que dejó la guerrilla al entregar las armas.
«Son negocios ilegales de droga, disputa por territorios, oro, madera, carbón, está muy ligado a la economía de los grupos armados y sus aliados para el lavado de activos», dijo González a la AP.
Ante las amenazas, la vida cotidiana de los líderes sociales contiene una lista de precauciones y hay quienes no pueden moverse con tranquilidad en sus territorios por temor a ser atacados.
«Pensamos que con el acuerdo de paz esto iba a mejorar, pero no ha sido así. Muchas veces no puedo salir ni a la puerta de mi casa. Debo evitar movimientos a ciertas horas y lugares», contó a la AP la líder social Clemencia Carabalí, quien pese a las amenazas continúa viviendo en Cauca, al sureste del país, donde los grupos armados ilegales se disputan el control territorial.
En otros casos las medidas son más drásticas. Luis Ernesto Olave, líder social de Chocó, relató a la AP que ha tenido que huir de Colombia varias veces ante las amenazas que ha recibido por parte de los paramilitares y del ELN. Tiene 46 años y la mitad de su vida se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos, denunciando la minería ilegal y la corrupción.
«Se ha detectado que cuando se amenaza a un líder, él se silencia y la organización también, provocando que el proceso organizativo se apague», explicó a la AP Sirley Muñoz, coordinadora del Sistema de Información del Programa Somos Defensores.
El temor latente es que estas amenazas se materialicen. El 5 de diciembre de 2020 fue asesinado el líder indígena Miguel Tapí Rito en Bahía Solano, Chocó, al oeste del país. Tras el homicidio, más de 800 indígenas se desplazaron por la presencia de grupos armados en la zona.
En 2020 fueron asesinados decenas de líderes sociales en Colombia, según los últimos reportes que varían según la fuente.
El Programa Somos Defensores documentó 95 asesinatos y 274 amenazas entre enero y septiembre. El gobierno colombiano informó que en ese mismo periodo fueron asesinados 49 líderes, basado en la información reportada por la oficina de la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH).
El gobierno desarrolló un plan estratégico para proteger a los líderes sociales que pretendía incrementar la presencia estatal e institucional en el territorio, ayudar a tomar acciones para protegerlos y esclarecer los homicidios.
Las medidas oficiales han sido criticadas y líderes como Francia Márquez, ganadora del The Goldman Environmental Prize 2018, le han pedido públicamente al gobierno mayor protección para las comunidades y el cumplimiento integral de los acuerdos de paz con las FARC.
«Los líderes sociales son prioridad del gobierno nacional. Estamos seguros de que el liderazgo social debe protegerse y fortalecerse», dijo Alicia Arango el 22 de diciembre al rendir un informe de su gestión y abandonar el cargo de ministra del Interior.
Sin embargo, el 15 de diciembre Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que ha recibido información sobre 120 líderes sociales asesinados. Aunque reconoció los esfuerzos del gobierno, pidió aumentar la protección de su población por el incremento de la violencia en las zonas rurales.
Pese a la violencia y las amenazas constantes, los líderes sociales colombianos continúan en su labor. «Mientras yo tenga vida y pueda seguir respirando voy a seguir haciendo visibilización de la defensa de esos derechos y de todos los líderes de este país amenazados y asesinados. El Estado no ha podido garantizarles la vida», dijo Cuero.
