Juan Antonio Mazariegos G.
Ha transcurrido ya la primera semana de 2021, en las noticias de prensa internacional se habla ya de más de 15 millones de personas vacunadas en el mundo y de la ansiedad de gobiernos e instituciones por garantizar el suministro de millones de dosis de las distintas vacunas para combatir el virus Covid-19, el cual marcó el 2020 y contra el cual miles de investigadores y cientos de farmacéuticas emprendieron una carrera frenética de investigación y desarrollo que derivó en la formulación de la vacuna más rápida jamás producida por la ciencia en contra de una enfermedad.
Rápidamente los distintos organismos reguladores de medicamentos en el mundo, como la FDA en Estados Unidos, o la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) aprobaron las vacunas de Pfizer y Biontec, Moderna o AstraZeneca, a través de procedimientos de emergencia que permiten la rápida implementación de los millones de dosis negociadas con anticipación por los distintos gobiernos y ya desde finales del año pasado se dio inició a la vacunación en Gran Bretaña con el propósito de frenar de inmediato la propagación de la pandemia que tantas penalidades trajo al mundo desde que se hizo pública en Wuhan en China, hace casi una año.
Por parte de Guatemala, el Gobierno presentó al Congreso este martes 5 de enero la iniciativa “Ley para el financiamiento y adquisición de vacunas contra el coronavirus Covid-19”, por medio de la cual busca una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Salud de 1,500 millones de quetzales para la adquisición de las vacunas. La Organización Mundial de la Salud impulsó el COVAX, un mecanismo para que las naciones más pobres puedan tener acceso a la vacuna. A través de este programa de la OMS, nuestro país podrá acceder a un cupo garantizado de vacunas evitando de esa manera quedar desabastecido por no poder competir por la búsqueda en estos medicamentos en función de nuestras pocas capacidades económicas y de organización institucional que ya se ponen de manifiesto y retratan como una nación que deberá esperar para establecer fechas y formas en las que la vacuna podrá ser distribuida.
El como y cuando no lo conoce la población, sin duda debiese aplicarse a los grupos de personas de riesgo, adultos mayores, enfermos crónicos y personal del Sistema de Salud y de seguridad del Estado. Por supuesto la cuota a la que podemos acceder como país a través de COVAX, de conformidad con la página de la OMS, no es para la totalidad de la población, de donde el Gobierno, si no es capaz de poder atender la necesidad de toda la población debe permitir la importación y la distribución libre, a través de la iniciativa privada. La campaña de vacunación nacional contra el Covid-19 es el mayor esfuerzo económico y logístico al que se enfrentará este Gobierno sin duda alguna y es seguro que en solitario no logrará hacerlo. La velocidad en la que el Estado proteja a su población revelará sus capacidades o sus incapacidades.
