Julio R. García-Merlos G
En la visión liberal del Estado y la sociedad, se justifica la existencia del primero como un medio para garantizar la paz social en tanto se constituye como el monopolio legítimo del uso de la fuerza en caso los ciudadanos lesionen los derechos de los demás o afecten bienes jurídicos que se tutelan por su importancia para la convivencia social.
La mayor expresión de esta principal función del Estado son los servicios de seguridad y justicia. Daron Acemoglu y James Robinson en su obra ¿Por qué fracasan los países? identifican que aquellas naciones en las que se ha logrado prestar con éxito estos servicios y se ha consolidado un Estado de Derecho son las que mayor prosperidad han logrado. En nuestro país, lejos del ideal planteado, el Estado se encuentra ausente en la mayor parte del territorio nacional, situación que ha sido caldo de cultivo para el surgimiento de organizaciones que se dedican al hurto sistemático de energía eléctrica, para múltiples invasiones en propiedad privada y para que los grupos del crimen organizado actúen con impunidad en algunas regiones, en algún sentido, hasta sustituyan al Estado como monopolio de la fuerza y en la prestación de otros servicios básicos.
Ante esta situación, es importante que el Estado pueda garantizar los derechos individuales en una forma efectiva, ya que de ello depende la gobernabilidad, la estabilidad política y la consolidación de un régimen en el que prime la certeza jurídica. Regresando a la visión liberal, se busca un Estado en la proporción adecuada para prestar los servicios fundamentales, porque ante su ausencia otras organizaciones ilegítimas pretenden sustituirle con arbitrariedad, no con el imperio de la ley.
Hace unos días, el Ministerio Público inauguró 90 Agencias Fiscales Municipales para sumar un número de 273 en toda la República. En la conferencia de prensa en la que hicieron el anuncio indicaron que para el próximo año esperan tener cobertura en todos los municipios del país. Por esta razón, quiero dedicar unas líneas para reconocer la visión de la actual Fiscal General de la República, doctora Consuelo Porras Argueta, el esfuerzo y trabajo de sus asesores y de todo el equipo que hizo posible este logro; así como agradecer el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
El Ministerio Público es una pieza fundamental en el andamiaje de nuestro sistema de justicia penal porque constituye su puerta de ingreso, de ahí que revista tanta importancia que se incremente el número de puertas en nuestro país, que se pueda procurar una atención adecuada para quienes son víctimas de delitos y perseguir efectivamente a los delincuentes con el incremento de la capacidad logística del MP.
Algunas veces he sido crítico con la institución y el trabajo de algunos fiscales, sin embargo, hoy aplaudo esta política de ampliación porque notoriamente está orientada a la construcción de un Estado de Derecho, al resguardo de la paz social y, sobre todo, porque acerca la justicia a la ciudadanía; justicia que tanta falta hace en Guatemala.
Julio García-Merlos
Twitter @jgarciamerlos
