Oscar Clemente Marroquín
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El significado de CC para los guatemaltecos, desde 1985, es Corte de Constitucionalidad, pero a partir de los últimos acuerdos alcanzados por quienes trabajan afanosamente para desandar todo el camino recorrido en la lucha contra la corrupción, se deberá entender desde ahora que CC es Centro Comercial porque eso es justamente en lo que pretenden convertir a ese alto tribunal que ha sido la piedra en el zapato de los sinvergüenzas que no descansan por asegurar el imperio completo de la dictadura de la corrupción sobre este sufrido y agobiado país.
En efecto, el paquete negociado para la aprobación del presupuesto incluye acuerdos para que la CC se convierta en un diligente Centro Comercial en el que, como en muchas salas de apelaciones y la misma Corte Suprema de Justicia, se venden resoluciones al gusto del cliente y con diferentes precios. A quienes hay que solapar a toda costa se les exige, además, que sean generosos con los magistrados a la hora de hacer asignaciones presupuestarias, mientras que para otros existen diferentes tarifas, dependiendo de aquella norma de que según el sapo es la pedrada.
El vilipendio a que fue sometida la Corte de Constitucionalidad durante los últimos años no ha sido en vano. Mucha gente se ha ido con la finta de que la CC no resuelve conforme a Derecho, tal y como sostienen los que han sido afectados en sus ambiciones por lo que ha resuelto el pleno de magistrados. El destino, sin embargo, jugó a favor de los pícaros porque provocó dos vacantes, alterando el precario equilibrio que había a favor de la institucionalidad y en contra de un sistema plagado de vicios como el que tenemos aquí.
Y en abril del año próximo se deberá renovar por completo la Corte de Constitucionalidad y es cuando se espera que pueda ser del todo controlada para que opere única y exclusivamente como un Centro Comercial al servicio de los intereses más espurios. La elección de los magistrados de las Salas de Apelaciones y de la CSJ puede esperar hasta entonces, si hiciera falta, porque de todos modos a estas alturas ya se tiene relativa certeza de que la lucha contra la impunidad en nuestro país llegó a su final y que de aquí en adelante no podremos esperar que nuevamente se destapen sonoros casos en los que los pícaros de cualquier nivel queden expuestos.
Se puede decir que la captura del Estado por la corrupción no había sido absoluta precisamente por el papel que jugó la Corte de Constitucionalidad durante los meses más duros del enfrentamiento provocado por el equipo de Morales en su empeño por destruir de un plumazo todo lo que oliera a CICIG o a un Ministerio Público celoso del cumplimiento de la ley.
Pero ahora, nuestra indiferencia ciudadana al final rinde el fruto que tenía que rendir porque nos estamos condenando a vivir en un Estado que se ocupa única y exclusivamente de atender la demanda de los corruptos, abandonando a la gente a su suerte, tal y como pudimos ver con Eta y podremos ver con Iota.
