Juan Antonio Mazariegos
Sin temor a equivocarme, el 2020, es ya el año que más Estados de Calamidad se han decretado durante el presente siglo en Guatemala. De conformidad a lo que establecen nuestra Constitución Política de la República, la Ley de Orden Público y otras leyes que regulan la materia, para el caso de que se decrete un Estado de Calamidad, se pueden limitar ciertos derechos de los ciudadanos y también el Organismo Ejecutivo puede realizar compras y contrataciones en las que se minimizan los controles y procesos que normalmente existen para la contratación con los organismos del Estado, esto con el propósito que funcionen las acciones del gobierno, de una manera expedita, ágil, en benefició de quienes han sido perjudicados precisamente por la calamidad que afecta al país, en ese determinado momento y lugar.
Como no podía ser de otra manera, ante noticias como el hallazgo de los 122 millones de quetzales en una caleta en Antigua Guatemala, o ante el circo montado en el Ministerio de Comunicaciones con la denuncia del director de Caminos, quien ante la opinión pública manifestó que su firma había sido falsificada con la finalidad de sustraer 135 millones de quetzales del erario público, o la fórmula de negociar en el Congreso de la República obras del Listado Geográfico a cambio de puestos en Junta Directiva o para la aprobación de un presupuesto totalmente ajeno a la realidad del país, u otros muchos ejemplos, la clase política, sin importar ya quien nos gobierne, se encuentra totalmente desgastada y desprestigiada.
La consecuencia lógica de enfrentar las catástrofes y las necesidades que estas generan, a un proceso de gasto público en donde no existen mayores controles, existe el precedente de una mala ejecución y un probable hurto o malversación de fondos, es que la población ya no confía y cada vez que se promulgan, crece el clamor en contra de la declaración de Estados de Calamidad, aunque resulte totalmente evidente la necesidad de los damnificados y se requieran los recursos para atenderlos.
El 2021 será el año de las consecuencias. Los efectos del Covid, en cuanto al cierre de la economía y la pérdida de empleos; el endeudamiento necesario, pero inmenso que se tuvo que realizar para atender las necesidades básicas de la población más vulnerable, a través de los distintos bonos o ayudas; ese gigantesco presupuesto del 2021, destinado a pagar más gastos que inversión, soportado por más endeudamiento; y para colmo, una tormenta tropical, Eta que nos deja miles de damnificados que perdieron sus hogares o sus cultivos y daños cuantiosos a la agroindustria del país. Todo en su conjunto, se alinea para formar una tormenta perfecta, en donde ya solo la esperanza de que el Presidente Giamattei y su gobierno reaccionen y entiendan que se deben a los guatemaltecos, que manejan fondos públicos, ajenos a ellos y que más allá de estar formando comisiones contra la corrupción que no sirven para nada, lo que toca es tener cero tolerancia en contra de la misma y denunciar penalmente a los funcionarios que pretendan lucrar con las necesidades del pueblo. Cualquier otra cosa, será desechar la oportunidad que tenemos de que en base a todo el esfuerzo y sacrificio invertido, logremos salir adelante, para el beneficio de la mayoría que lo sigue necesitando.
