BOGOTÁ
Agencia AP
El gobierno del presidente de Colombia Iván Duque y exguerrilleros que firmaron un acuerdo de paz hace cuatro años para poner fin al conflicto armado más añejo de Latinoamérica se comprometieron a colaborar para frenar la violencia en contra de exintegrantes de los grupos rebeldes.
El jefe de Estado — un detractor del acuerdo — recibió ayer a un grupo de excombatientes en el palacio presidencial, menos de una semana después de que una caravana de más de 200 exguerrilleros llegó a la capital para generar conciencia sobre la violencia.
Después de concluir el encuentro, ambas partes declararon progreso, y el gobierno se comprometió a sostener una serie de reuniones con excombatientes en varias partes del país en donde han fundado negocios y comenzado a vivir como civiles.
«Este es un evento, un acto alentador», dijo Pastor Alape, un ex líder guerrillero que se convirtió en uno de los principales enviados rebeldes durante las negociaciones de paz.
El acuerdo del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 sigue siendo un tema polémico en la nación sudamericana. Los detractores sienten que el pacto es demasiado generoso con los excombatientes, que pueden evitar ir a la cárcel siempre que confiesen todos sus delitos, además de que el grupo guerrillero tiene derecho a 10 escaños en el Congreso. Los partidarios arguyen que dichas concesiones eran necesarias para poner fin al brutal conflicto que dejó cientos de miles de muertos.
Una constante ola de violencia contra los excombatientes sigue generando consternación. Los exrebeldes señalaron el viernes que Fredy Ramos, quien firmó el acuerdo, fue asesinado en la provincia de Cauca, convirtiéndose en el excombatiente 238 en ser asesinado desde que el pacto entró en vigor.
El encuentro también se produjo en momentos en que el partido de Duque impulsa una propuesta para debilitar de manera significativa el sistema transitorio de justicia bajo el cual se les otorga amnistía a la mayoría de los rebeldes y que prohíbe que los responsables de delitos se desempeñen en cargos públicos.
La mayoría de los asesinatos están ocurriendo en zonas conflictivas en donde grupos armados se disputan las rutas del trasiego de drogas. Analistas aseguran que algunos son asesinados después de rechazar las propuestas de unirse a rebeldes disidentes. Algunos excombatientes creen que una parte de los ataques son de grupos paramilitares de derecha que quieren acabar con sus adversarios, con o sin acuerdo de paz. En al menos un caso, se ha acusado a mandos militares por la muerte de un exrebelde.
El principal fiscal del país ha culpado de muchos de los delitos a los grupos del narcotráfico que ocuparon los territorios que alguna vez estuvieron bajo control de los rebeldes.
Emilio Archila, asesor presidencial que supervisa la implementación del acuerdo, dijo que la conversación abierta entre los rebeldes y el gobierno fue un paso importante.
«Ahora estamos conscientes que estamos todos de este lado», dijo Archila después de la reunión. «Y tenemos unos enemigos que son enemigos comunes».
